Editorial | Cuando el salario mínimo deja de ser mínimo

Hay un dato que debería incomodar a cualquier responsable político, empresario y agente social: el Salario Mínimo Interprofesional ya no es el suelo del mercado laboral español; es su centro de gravedad. El sueldo más común del país. No el de entrada, no el de transición, no el de baja cualificación. El más frecuente. Y eso no es un triunfo social. Es una señal de empobrecimiento estructural.

Durante años, el debate sobre el SMI se ha planteado en términos morales —y legítimos—: dignidad, justicia social, lucha contra la pobreza laboral. El problema es que el análisis se ha quedado ahí. Porque cuando el salario mínimo sube un 60% en siete años pero el resto de salarios no le siguen, lo que se produce no es un ascenso generalizado, sino una compresión salarial peligrosa. España no está elevando su base: está aplanando su pirámide.

En una economía sana, el salario mínimo cumple una función clara: proteger a los más vulnerables y servir de referencia inicial. A partir de ahí, la formación, la experiencia, la productividad y la responsabilidad deben marcar diferencias. Eso es lo que incentiva el esfuerzo, la movilidad social y la competitividad.

Pero cuando un trabajador con años de experiencia, cualificación media o funciones críticas cobra prácticamente lo mismo que quien acaba de incorporarse al mercado laboral, el mensaje es demoledor: no compensa progresar. España está convirtiendo el ascensor salarial en una escalera mecánica averiada: todos suben un poco… pero nadie despega.

El error de fondo es confundir redistribución con creación de riqueza. Subir el SMI redistribuye renta —y es necesario—, pero no genera crecimiento por sí solo. Si no va acompañado de productividad, inversión, innovación y salarios intermedios al alza, acaba teniendo un efecto perverso: iguala por abajo.

Mientras otros países compiten mejorando su valor añadido, España se acostumbra a competir abaratando expectativas. No salarios bajos —que ya no lo son en términos legales—, sino trayectorias laborales cortas, horizontes estrechos y sueldos estancados. Eso no atrae talento. Lo expulsa.

El drama no es que el SMI sea bajo. El drama es que cada vez más trabajadores cobran “como el SMI” sin ser trabajadores del SMI. Técnicos, administrativos, personal cualificado, empleados con responsabilidades… atrapados en una franja salarial que no se mueve.

Eso tiene consecuencias directas. Menor consumo real, pese a las subidas nominales, menor recaudación futura, menos incentivos para formarse, más frustración social y una economía cada vez menos competitiva frente a Europa España no se empobrece de golpe. Se empobrece lentamente, normalizando que el salario mínimo sea suficiente, habitual y definitivo.

Mientras se discute cada año si el SMI sube un 3%, un 5% o un 7%, casi nadie habla de lo esencial: por qué los salarios medios no suben. Y la respuesta incomoda a todos: baja productividad, exceso de empleo de bajo valor añadido, rigidez estructural y una cultura económica que premia la supervivencia más que el crecimiento.

Sin salarios medios fuertes no hay clase media sólida. Sin clase media sólida no hay estabilidad social. Y sin estabilidad social, no hay país competitivo. El salario mínimo debe proteger, no definir. Debe ser el punto de partida, no el destino laboral de millones de personas. Convertirlo en el sueldo más común es admitir, sin decirlo, que España ha renunciado a crecer por arriba.

Y eso sí que es un fracaso colectivo. Porque un país donde el salario mínimo es el estándar no es un país más justo. Es un país más pobre, más plano y con menos futuro.