Para Zaragoza suelos inservibles, a Cataluña 300 gratis: el agravio que existe con foco en La Cartuja
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado "banco malo" del Gobierno de España, ha reiterado su ofrecimiento de venta de suelos al Ayuntamiento de Zaragoza para el desarrollo de un plan de vivienda.
El Consistorio ya rechazó esta oferta en su momento advirtiendo de que los terrenos eran "absolutamente descabellados" por carecer de cualquier posibilidad de desarrollo urbanístico.
Ahora, con la Sareb insistiendo en los mismos suelos, el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha respondido con dureza: es un "desprecio" del Gobierno de España hacia Zaragoza.
Y ha puesto sobre la mesa el contraste que más duele: mientras a Zaragoza se le ofrecen suelos inservibles en venta, a Cataluña el mismo Gobierno ha cedido más de 300 suelos gratuitamente y trasladado más de 13.000 viviendas ya construidas también de forma gratuita.
El suelo de las piscinas de La Cartuja
El ejemplo más llamativo que puso Serrano para ilustrar la absurdidad de la oferta de la Sareb es difícil de superar: uno de los terrenos que el organismo pretende vender al Ayuntamiento de Zaragoza para construir viviendas es una parte indivisa de un suelo en el que ya están ubicadas las piscinas municipales del barrio rural de La Cartuja.
Es decir: el Gobierno de España, a través de la Sareb, está ofreciendo en venta a Zaragoza un terreno que ya tiene un uso público consolidado, que no es propiedad al cien por cien de la propia Sareb —solo tiene una parte indivisa— y sobre el que sería imposible desarrollar ningún plan de vivienda razonable. La paradoja es tan evidente que dificulta cualquier defensa de la gestión del organismo.
Serrano recordó además que el Ayuntamiento ya rechazó formalmente esta misma oferta en una ocasión anterior, indicando que "bajo ninguna circunstancia iba a comprar suelos que, además de no ser aptos y no tener ningún tipo de posibilidad de poder implementar a corto o medio plazo un plan de vivienda razonable, ni siquiera son titularidad al cien por cien de la propia Sareb".
Que la Sareb insista con los mismos terrenos tras ese rechazo formal es lo que el consejero califica de "lamentable" y de evidencia del "caos en la gestión".
El agravio comparativo: Cataluña recibe lo que Zaragoza no
Pero el argumento más contundente de Serrano no es el de la piscina de La Cartuja. Es el contraste con lo que el mismo Gobierno de España hace en otras comunidades autónomas.
Mientras a Zaragoza se le ofrecen suelos inservibles en venta —es decir, el Ayuntamiento tendría que pagarlos—, en Cataluña el Ejecutivo central ha cedido más de 300 suelos de forma gratuita y ha trasladado más de 13.000 viviendas ya construidas, también sin coste.
La diferencia es tan marcada que Serrano la califica de "trato desigual" y "agravio comparativo". No se trata de que Zaragoza reciba menos que Cataluña: es que recibe lo contrario. A una, suelos con desarrollo urbanístico posible y gratuitos. A la otra, suelos sin desarrollo posible y en venta.
Para el consejero municipal, esta asimetría no es casual ni administrativa: es política. "Además del desprecio con el que el Gobierno de España aborda la política de vivienda y trata a Zaragoza, esto demuestra también su absoluta falta de gestión", concluyó.
La vivienda como presión política
La denuncia de Serrano llega en un momento en que la vivienda es uno de los temas que más presión generan sobre los ayuntamientos de las grandes ciudades españolas.
Zaragoza no es ajena a esa presión: el precio del alquiler y la compraventa ha subido de forma significativa en los últimos años, y la demanda de suelo público para desarrollar vivienda asequible es una de las reclamaciones más repetidas por los colectivos ciudadanos.
En ese contexto, que la única oferta que recibe el Ayuntamiento del organismo estatal encargado de gestionar los activos inmobiliarios heredados del rescate bancario sean suelos sin uso posible tiene una dimensión política que Serrano no deja de subrayar.
El Gobierno central tiene instrumentos para colaborar con los ayuntamientos en la política de vivienda —como demuestra lo que hace en Cataluña— y la pregunta que queda en el aire tras esta polémica es por qué esos instrumentos no se aplican de la misma forma en Aragón.
