Las claves del pliego del bus urbano de Zaragoza y el posible revés para la plantilla

El futuro pliego es el tablero donde se juega la paz laboral y la calidad del servicio; y el Ayuntamiento de Zaragoza sabe que está en tiempo de descuento y no quiere demorar más su licitación. Por el momento, confía en un acuerdo entre patronal y sindicatos para que el convenio permita arrancar la licitación con certezas. Llegar tarde o mal dejaría a Zaragoza con un contrato incompleto, más caro y más frágil.

El pulso entre Avanza y el comité de empresa no se entiende sin mirar al documento contractual que va a ordenar el servicio durante los próximos años: el pliego de la nueva contrata del autobús urbano, uno de los contratos más relevantes para las arcas municipales y para el servicio público de transporte urbano.

Tras varias prórrogas, el calendario ha entrado en tiempo de descuento: este viernes pasado era el límite laborable que el Ayuntamiento había dado a las partes para facilitar un entendimiento y pospuso la publicación del pliego para no interferir en la negociación del convenio. Pero pesa un mandato judicial que obliga a Movilidad a sacarlo a concurso ya. Por eso, este fin de semana se ha abierto un último intento.

Dos escenarios sobre la mesa

Si empresa y plantilla alcanzan un preacuerdo, los técnicos municipales incorporarán el convenio al pliego (como anexo y en cláusulas), ajustando su redacción para encajarla en el contrato. En ese caso, la licitación se publicará a finales de septiembre.

Si no hay acuerdo, el Ayuntamiento llevará el pliego en su versión actual a un Gobierno municipal la próxima semana para iniciar la licitación, con el riesgo de perjudicar a todas las partes y de judicializar aspectos laborales durante la competencia.

Movilidad lo ha concretado: este lunes 8 de septiembre se convoca la reunión del grupo técnico que impulsa los pliegos. Si no hay preacuerdo cerrado durante el fin de semana, ese mismo día se iniciará el informe de Intervención previo a la publicación. El consistorio reitera que esperará a incorporar las cláusulas del convenio si lo hay; y, si no, activará de inmediato la vía de licitación. El concejal delegado, José Miguel Rodrigo, ya advirtió la semana pasada: el tiempo “se agota”

Esto podría suponer un revés para la plantilla del autobús urbano, ya que de no estar dentro de los plazos de la licitación el nuevo convenio laboral, quedaría supeditado a que el próximo contratante decida aplicarlo. No estaría sujeto a la norma marco que el Ayuntamiento exija al nuevo licitador, aunque el ganador del concurso fuera Avanza. De esta manera, las condiciones laborales actualizadas tendrían que esperar sine die

A finales de julio, el Ayuntamiento fijó septiembre como mes de licitación, tras dar margen a la negociación colectiva para integrar sus mejoras en el pliego. La línea roja municipal sigue siendo no pasar de septiembre sin publicar.

Qué se negocia de fondo: las “claves” del pliego

Más allá del calendario, el corazón del conflicto está en qué versión del contrato verá la luz. Estas son las claves que el pliego puede blindar y que explican la tensión:

  1. Encaje del convenio y atrasos.
    El comité pide un aumento del adquisitivo de hasta el 22,5%, más mejoras sociales y cobro de atrasos. El pliego, si incorpora el convenio, traslada ese marco a la oferta que presenten las empresas y evita que el coste laboral quede a expensas de conflictos futuros. Sin acuerdo, el riesgo es que se licite con un marco laboral incierto, lo que eleva la prima de riesgo en las ofertas (menos competencia o precios más altos). En una entrevista de HOY ARAGÓN, el director de Avanza, Carlos Agulló, indicó que la empresa "no puede aceptar un incremento salarial del 22,5%".

  2. Equilibrio económico y revisión de precios.
    Un elemento sensible será la fórmula de revisión (energía, salarios, IPC, piezas), clave para la viabilidad del servicio. Un pliego claro en reparto de riesgos reduce litigios y evita que subidas no previstas (salarios/energía) terminen en reclamaciones o mermas de servicio.

  3. Calidad del servicio: frecuencias y puntualidad.
    El contrato debe fijar indicadores (KPI) de regularidad, frecuencia, tiempos de espera y carga por línea, con penalizaciones por incumplimiento y incentivos a la mejora. Sindicatos y viajeros miran estos puntos: la manera de medir la calidad condiciona la planificación de plantilla y la operativa diaria.

  4. Flota y sostenibilidad (electrificación).
    Con la presentación de nuevos autobuses eléctricos este verano, el pliego marcará el ritmo de renovación, porcentajes de bajas emisiones, vida útil, talleres y cargas nocturnas/rápidas. Más exigencia ambiental implica más inversión, que debe cuadrar con el canon y la revisión de precios.

  5. Dimensión social y conciliación.
    Turnos, libranzas, conciliación y salud laboral no solo pertenecen al convenio: el pliego puede alinear la planificación del servicio con esos derechos, por ejemplo, obligando a cuadros de servicio estables, avisos mínimos de cambios o límites a la fragmentación de jornadas.

  6. Sistema de penalizaciones y bonus.
    El equilibrio entre multas por incumplir y premios por mejorar moldeará la gestión diaria: demasiado punitivo puede tensar relaciones; demasiado laxo, debilita el servicio. El comité reclama que la presión por indicadores no recaiga, de facto, en recortes de descansos o sobrecargas.

Por qué importa llegar a tiempo

El Ayuntamiento pospuso la licitación para no interferir en la negociación colectiva, pero el mandato judicial estrecha el margen. Publicar en septiembre es ya un compromiso político y administrativo. De ahí el empate de presiones: si el convenio entra en el pliego, el contrato nace con un marco laboral asumido; si no, nacerá con un conflicto latente, peor para la competencia y para el usuario.

La fractura sindical tampoco ayuda. La negociación la pilotan CCOO —que preside el comité—, UGT y CSIF, con el 55% de los votos en las últimas elecciones. En el otro lado, Sattra y CUT mantienen una postura beligerante no tanto con la empresa como con la actual dirección del comité, y han llegado a amenazar con llevar la huelga a los tribunales por el reparto de sillas en el comité de huelga, pese a que ni Avanza ni el SAMA se han pronunciado en ese sentido. Esta guerra sindical soterrada y sin filtro entre las citadas organizaciones penaliza al clima de entendimiento entre trabajadores.

El pulso interno se refleja en las urnas: las votaciones están más ajustadas que nunca. Prueba de ello es que el referéndum del jueves pasado sobre la huelga salió adelante por solo 13 votos.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Comité y Avanza llevan semanas negociando. A petición de los representantes de la plantilla, el Ayuntamiento abrió tiempo extra para intentar cerrar el convenio antes de ultimar la nueva concesión. “Se han dado unas semanas, hasta principios de septiembre”, señaló en julio la alcaldesa, Natalia Chueca, durante la presentación de los eléctricos que se incorporan a la flota este verano. La cuenta atrás ha llegado.

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