El posible fin de Glovo en Zaragoza: la empresa propietaria duda de su continuidad en España

La advertencia llegó desde Berlín, pero el terremoto alcanza de lleno a ciudades como Zaragoza. Delivery Hero, la multinacional alemana propietaria de Glovo, ha puesto en duda la capacidad de su filial española para seguir operando “como empresa en funcionamiento” sin apoyo adicional de la matriz si se materializa el coste íntegro de las reclasificaciones y sanciones por el uso de riders considerados falsos autónomos. El aviso figura en su informe semestral y supone el pronunciamiento más contundente hasta la fecha sobre el futuro inmediato de Glovo en España.

La cifra que está encima de la mesa es tan abultada como determinante: 450 millones de euros reclamados por la Seguridad Social en concepto de cuotas y multas relacionadas con la recalificación de repartidores como asalariados. Delivery Hero reconoce, además, que la exposición total —si los tribunales confirmaran la tesis de la Administración— podría elevarse entre 520 y 860 millones de euros, un rango que sobrepasa con mucho la capacidad de caja de la filial. De ahí la conclusión del grupo: “existe una incertidumbre significativa” sobre la continuidad de Glovo España sin respaldo extra.

El pronunciamiento llega en un contexto de cambio de reglas y pulso judicial que se arrastra desde 2021. Aquel año, el Congreso aprobó la conocida ‘Ley Rider’ (Ley 12/2021), que introdujo la presunción de laboralidad para quienes reparten a través de plataformas cuando la empresa organiza el servicio con algoritmos y control digital. La norma obligaba a adaptar el modelo a la contratación laboral bajo el Estatuto de los Trabajadores.

Glovo encadenó procedimientos sancionadores antes y después de la entrada en vigor de la ley. En junio y julio de este año, la empresa comenzó a recibir resoluciones firmes de la Inspección con reclamaciones de cuotas y recargos; en paralelo, un juzgado de Barcelona dictó la mayor sentencia hasta la fecha contra la firma al declarar falsos autónomos a 3.572 repartidores entre 2015 y 2018. La compañía insiste en que seguirá defendiendo su antiguo esquema mercantil “en todas las instancias”, pero el pasivo contingente se ha ido consolidando.

En su comunicación de resultados, Delivery Hero reconoce que no ha dotado provisiones por estas reclamaciones porque considera que la reclasificación “no es probable”, aunque admite el escenario de pagos que la filial no podría asumir con su actividad ordinaria. En paralelo, la compañía afirma que ha laboralizado a los repartidores en España —un movimiento que ya impactó en costes—, si bien los efectos económicos del pasado siguen pendientes de resolución.

Zaragoza ante el espejo: ¿y si Glovo se marcha?

El aviso de “incertidumbre” abre en ciudades como Zaragoza un escenario nunca antes explicitado con tanta claridad: un posible repliegue o incluso una salida si la matriz no inyecta recursos adicionales. El ecosistema del delivery en la capital aragonesa —restauración, comercio de proximidad, riders y clientes— depende en parte de plataformas como Glovo.

Un cese o reducción drástica de actividad tensionaría la capilaridad del reparto a domicilio, especialmente en franjas horarias de demanda punta y en barrios donde el canal digital ha ganado tracción desde la pandemia. No es una decisión tomada, pero el riesgo ya no es una hipótesis abstracta: la propia matriz ha reconocido que podría no haber continuidad sin apoyo financiero.

Multas, pleitos y un mercado más estrecho

Los 450 millones reclamados por la Seguridad Social —que podrían escalar hasta 520–860 millones si se suman cotizaciones, recargos, multas e IVA— no son el único frente. La compañía ha lidiado con un procedimiento de competencia desleal promovido por Just Eat, que fue desestimado en primera instancia en julio por el Juzgado Mercantil 2 de Barcelona.

El fallo, muy criticado por sindicatos por su tono, rechazó que el modelo de Glovo supusiera una ventaja anticompetitiva frente a empresas que contrataron a sus repartidores. La polémica judicial no ha terminado: la sentencia no es firme y ha sido objeto de reproches públicos por parte de organizaciones como CCOO.

En el plano penal, el CEO y cofundador Óscar Pierre continúa inmerso en una causa por presunto delito contra los derechos de los trabajadores, derivada del mantenimiento del esquema de falsos autónomos tras los primeros pronunciamientos de la Inspección y los tribunales. En diciembre pasado declaró ante la jueza en Barcelona y la causa ha seguido avanzando este año con decisiones relevantes —como la personación de repartidores de la CGT—, pendientes de una resolución definitiva.

El giro laboral y las cuentas

Aun con el frente legal abierto, Delivery Hero ha movido ficha en lo operativo: admite un sobrecoste por la transición a un modelo de contratación laboral que ya se deja notar en márgenes y en el Ebitda ajustado. En su última guía, la multinacional rebajó previsiones para 2025 y reportó 7.185 millones de euros de ingresos en el primer semestre (+18,9% en términos absolutos; +24,2% con ajustes de inflación), cifras que reflejan crecimiento, pero también menos holgura en rentabilidad por el nuevo marco laboral.

El fondo del debate, sin embargo, no es solo contable. La ‘Ley Rider’ ha comprimido el espacio para modelos de negocio basados en la externalización sistemática del reparto. Las compañías que migraron con rapidez a la contratación directa asumieron costes a corto plazo, pero también redujeron incertidumbre regulatoria; quienes demoraron el cambio afrontan ahora un riesgo doble: pasivos retroactivos y peores condiciones de financiación si el mercado percibe dudas sobre la continuidad de sus filiales. Es, precisamente, el escenario que Delivery Hero ha descrito para Glovo España.

Qué puede pasar ahora

En lo inmediato, la compañía tiene tres opciones sobre la mesa: inyectar apoyo financiero desde la matriz para cubrir pagos y avales mientras litiga; replegar operaciones para reducir exposición —con impacto directo en plazas como Zaragoza—; o vender activos o buscar socios para compartir riesgo. El primer camino preserva el mercado, pero exige capital. El segundo deteriora cuota y debilita la posición negociadora con restaurantes y comercios locales. El tercero introduce un actor más en un tablero ya complejo, con la Comisión Europea vigilando prácticas en plataformas. Ninguna alternativa es indolora.

Para Zaragoza, donde el reparto a domicilio se ha integrado en la rutina de miles de hogares y en la cuenta de resultados de muchos restaurantes, el peor de los escenarios —una retirada abrupta— estrecharía la oferta y empeoraría los tiempos de entrega, al menos hasta que otros operadores ajustaran capacidad.

También tensionaría el empleo de cientos de repartidores que ya han visto modificadas sus condiciones con el giro laboral y que siguen pendientes de la resolución de los tribunales. La ciudad, como el resto del país, queda a expensas de lo que ocurra en los despachos de Berlín y en los juzgados españoles. Mientras tanto, el goteo de resoluciones administrativas y judiciales continuará.