El Gobierno desbloquea el superávit tras las exigencias de Junts y Zaragoza habla de "desprecio" institucional
El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto-ley que permitirá a ayuntamientos y comunidades autónomas emplear el superávit de 2024 para realizar inversiones financieramente sostenibles entre 2025 y 2027. Sobre el papel, se trata de una vieja reivindicación del municipalismo, pero en Zaragoza la lectura es abiertamente política: en el Ayuntamiento se interpreta como una concesión ligada a las exigencias de Junts y como un gesto tardío hacia el resto de administraciones.
Fuentes municipales del Ayuntamiento de Zaragoza consultadas por HOY ARAGÓN consideran que la decisión llega “cuando políticamente interesa a Moncloa” y no cuando los consistorios lo han necesitado. “Es un pago más a los independentistas y un desprecio al resto de instituciones locales y autonómicas que llevamos años reclamando poder dedicar los remanentes a inversiones”, señalan.
Desde el consistorio recuerdan que los ayuntamientos han trasladado esta demanda “por escrito y por distintas vías” al Ministerio de Hacienda “desde hace dos años, sin respuesta”. “Nos contestan ahora, cuando la mayoría de los ayuntamientos ya se han llevado el asunto a sus gobiernos para tramitar amortizaciones de deuda antes de que acabe el año y cumplir con la ley”, apuntan las mismas fuentes.
Un decreto que llega tarde para muchos consistorios
El real decreto-ley permite destinar el superávit generado en 2024 a inversiones financieramente sostenibles en los ejercicios 2025, 2026 y 2027, sin que computen en la regla de gasto de esos años, aunque sí a efectos de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Los proyectos de inversión deberán iniciarse antes del 31 de diciembre de 2026. Si no se ejecutan completamente dentro de ese plazo, la parte pendiente podrá trasladarse al ejercicio siguiente, financiándose con cargo al remanente de tesorería del año previo, con el límite del superávit de 2024.
Para acogerse a esta regla, ayuntamientos y comunidades deberán cumplir el periodo medio de pago a proveedores previsto en la normativa de morosidad, fijado en 30 días.
En Zaragoza subrayan que la medida “es positiva en sí misma”, pero insisten en que su aprobación a estas alturas del año la hace poco útil para muchas entidades locales que ya han planificado la recta final del ejercicio y sus amortizaciones de deuda.
En qué podrán gastar los ayuntamientos y las comunidades
Los ayuntamientos podrán destinar estos recursos a servicios esenciales como abastecimiento de agua y alcantarillado, alumbrado público y recogida de residuos, transporte público, vivienda y asistencia social, centros docentes, recursos hidráulicos y proyectos de digitalización y sociedad de la información.
Las comunidades autónomas podrán financiar inversiones con impacto positivo en la eficiencia energética, la lucha contra el cambio climático o que permitan evitar gastos recurrentes y generar ahorros futuros, siempre dentro de sus competencias.
Un gesto hacia Junts que reabre el debate territorial
El propio Sánchez ha admitido que la flexibilización del superávit estaba incluida en el paquete de compromisos con Junts, lo que ha reactivado el debate sobre el trato diferenciado hacia las fuerzas que sostienen la legislatura.
En Zaragoza, el movimiento se percibe como una doble señal: por un lado, reconoce una reivindicación histórica del municipalismo; por otro, alimenta la sensación de que las decisiones clave se desbloquean solo cuando entran en la negociación con los partidos que tienen la llave parlamentaria.
“Llevamos años pidiendo exactamente lo mismo y solo se mueve cuando lo pide Junts; eso, para una gran ciudad como Zaragoza, es un mensaje claro de cuál es la escala de prioridades del Gobierno. Es un desprecio absoluto”, zanjan fuentes municipales.
