El lío de Vox con la ZBE: rechazo absoluto en Zaragoza y aprobación sin reparo en Valladolid
La negociación presupuestaria en Zaragoza ha dejado al descubierto una de las mayores contradicciones políticas del momento. Vox mantiene su “no” a las cuentas municipales por la aplicación del régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), pero en ciudades como Valladolid o Palma de Mallorca —donde gobierna en coalición o apoya al Ejecutivo— la medida sigue vigente sin que haya provocado un bloqueo institucional similar.
En la capital aragonesa, la primera votación de los presupuestos en la comisión extraordinaria de Hacienda terminó con el rechazo de Vox, PSOE y Zaragoza en Común. La alcaldesa, Natalia Chueca, criticó con dureza la postura del partido de Santiago Abascal y acusó a Vox de sumarse a la oposición para bloquear la ciudad.
La ZBE como línea roja
El principal escollo es la negativa del PP a eliminar el régimen sancionador de la ZBE. Vox considera la medida una “imposición discriminatoria” que penaliza a quienes no pueden cambiar de vehículo y la vincula a lo que califica de “chantaje” del Gobierno central. Sin embargo, desde el Ayuntamiento recuerdan que la ZBE no es opcional: es una obligación estatal para ciudades de más de 50.000 habitantes.
Modificarla o suprimir las multas tendría consecuencias económicas directas. Zaragoza podría perder cerca de 23 millones de euros en ayudas al transporte entre 2025 y 2026. Esa financiación permite mantener el billete bonificado en 55 céntimos con tarjeta bus. Sin ella, el precio podría elevarse hasta los 93 céntimos y desaparecerían la gratuidad para menores de 8 a 14 años y los descuentos en abonos.
Valladolid y Palma: el contraste
Lo que Vox no ha explicado con claridad es por qué su rechazo es frontal en Zaragoza mientras en Valladolid —donde gobierna junto al PP— la ZBE sigue aplicándose. La misma situación se produce en Palma de Mallorca, donde la normativa está en vigor y se sanciona a vehículos que no cumplen los requisitos ambientales.
El precedente más cercano es Sevilla, donde el alcalde popular José Luis Sanz cedió ante las exigencias de Vox y eliminó la ZBE para sacar adelante los presupuestos. La diferencia es que en Zaragoza el equipo de gobierno ha trazado una línea roja clara: mantener la zona de bajas emisiones para no comprometer la financiación estatal.
Negociación abierta y cuenta atrás
Pese al primer rechazo, las conversaciones entre PP y Vox continúan. El calendario aprieta y en una semana llegará la votación definitiva de las cuentas municipales. El debate ya no es solo medioambiental, sino financiero y estratégico.
La cuestión que sobrevuela la negociación es evidente: ¿mantendrá Vox el pulso en Zaragoza aun a riesgo de perder ayudas millonarias, o ajustará su posición como ha hecho en otras ciudades?
Mientras tanto, la ZBE se ha convertido en el símbolo de un tira y afloja político que trasciende el debate sobre movilidad para instalarse de lleno en el terreno de la coherencia y la gobernabilidad.
