Zaragoza pone el foco en sus edificios: más inspecciones técnicas y plazos más cortos
Zaragoza se prepara para dar un giro en el control del estado de sus edificios. El Ayuntamiento quiere reforzar las inspecciones técnicas (ITE), aumentar la vigilancia sobre los inmuebles y, además, reducir a la mitad los plazos obligatorios, lo que supondría incorporar a miles de viviendas al sistema de control en menos tiempo.
La medida llega tras la finalización del Plan Especial de Inspección en la zona de Zamoray-Pignatelli, en pleno Casco Histórico, donde el diagnóstico ha evidenciado tanto avances como importantes carencias en el parque edificatorio.
El plan ha incluido 259 revisiones, de las que 240 corresponden a edificios. De ellos, solo el 52,52% tenía la ITE en regla. En total, se han completado 235 inspecciones, mientras que otras cuatro están aún en proceso.
El resultado dibuja una realidad clara: únicamente 60 inmuebles están en buen estado, frente a 168 que presentan deficiencias de distinto grado. Entre estos, 36 requieren actuaciones urgentes, 31 necesitan intervenciones programadas y 101 tienen defectos leves.
El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha insistido en que mantener los edificios en buen estado no solo es una cuestión de seguridad, sino también una inversión económica a largo plazo.
LOS PROBLEMAS MÁS COMUNES
Las patologías detectadas se repiten en buena parte de los edificios analizados. Las humedades encabezan la lista, presentes en casi la mitad de los inmuebles (49,03%). Le siguen los problemas en la red de saneamiento (35,91%) y los daños en cubiertas (35,52%).
También destacan los fallos en elementos con impacto directo en la vía pública, como fachadas (45,65%) y balcones (28,57%), lo que incrementa el riesgo para los peatones. En menor medida, se ha detectado presencia de xilófagos (5,02%) y fibrocemento (3,05%), este último con implicaciones para la salud.
Desde 2023, el Ayuntamiento ha emitido 1.771 órdenes de ejecución para obligar a los propietarios a realizar obras de conservación. Solo en 2025 se registraron 627, reflejando un incremento progresivo de la actividad inspectora.
En los casos más graves, el Consistorio ha tenido que intervenir directamente mediante ejecuciones subsidiarias, actuando de urgencia en 21 situaciones durante este mandato por riesgo para personas o bienes. Sin embargo, no siempre logra recuperar el coste: hasta ahora ha recuperado 2,57 millones de euros, apenas el 39% de lo invertido.
Uno de los cambios clave que plantea Urbanismo es reducir los plazos de la Inspección Técnica de Edificios. Actualmente, es obligatoria a los 50 años y posteriormente cada 10 años. La propuesta municipal pasa por adelantarla a los 25 años y repetirla cada cinco años.
Aunque esta modificación depende de normativa autonómica y estatal, el Ayuntamiento defiende que acortar los tiempos permitiría detectar antes los problemas y evitar situaciones de deterioro avanzado.
El plan de Zamoray-Pignatelli, desarrollado durante diez meses por un equipo técnico, no será una actuación aislada. El Ayuntamiento ya trabaja en extender este modelo a otras zonas del Casco Histórico.
El siguiente paso será La Magdalena, aunque con una estrategia más sectorizada y específica. El objetivo es mantener de forma permanente planes de inspección en la ciudad y hacer un seguimiento continuo del cumplimiento por parte de los propietarios.
