22M en juego por una ZBE que apenas multa: 130 sanciones en 60 días
La negociación presupuestaria entre el Gobierno municipal y Vox ha colocado a Zaragoza ante una decisión con consecuencias millonarias: modificar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) podría poner en riesgo 22 millones de euros en ayudas estatales al transporte público.
Desde su activación (12 de diciembre), el Ayuntamiento ha tramitado solo 130 denuncias, concentradas casi en su totalidad en los primeros días. Después, la actividad cae de forma drástica hasta registrar tres semanas consecutivas sin una sola multa. En términos medios, las 130 denuncias tramitadas en aproximadamente dos meses suponen una media de poco más de dos sanciones al día, una cifra muy reducida para una ciudad del tamaño de Zaragoza.
Entre el 12 y el 14 de diciembre se registraron 80 denuncias, una cifra que descendió notablemente en la semana siguiente, del 15 al 21 de diciembre, cuando se impusieron 31 sanciones.
Tras ese arranque inicial, la actividad sancionadora cayó de forma drástica: entre el 29 de diciembre y el 4 de enero solo se tramitó una denuncia, y del 5 al 11 de enero fueron cuatro.
En el periodo comprendido entre el 12 y el 26 de enero se contabilizaron 14 denuncias, pero a partir de ahí las cifras se desplomaron por completo: del 26 de enero al 1 de febrero, del 2 al 8 de febrero y del 9 al 15 de febrero no se registró ninguna sanción.
REQUISITO CLAVE: RÉGIMEN SANCIONADOR "ACTIVO"
Para que Zaragoza pueda acceder a las ayudas directas al transporte previstas para 2026, la normativa estatal exige que la ciudad disponga de una ZBE en funcionamiento. Y eso incluye, expresamente, un "régimen sancionador activo, quedando excluido para esta consideración el sistema de avisos".
Es decir, no basta con tener la ordenanza aprobada o la zona delimitada: debe haber capacidad real de sancionar.
La contestación remitida en diciembre por el Ministerio para la Transición Ecológica al Ayuntamiento fue igualmente clara al recordar que el Real Decreto 1052/2022 establece como requisito básico de las ZBE la obligatoriedad de un régimen sancionador.
En el caso de ciudades de más de 50.000 habitantes, como Zaragoza, la implantación no está condicionada a picos de contaminación: es una obligación estructural.
MEDIO MILLÓN DE USUARIOS AFECTADOS
Lo que está en juego no es solo un debate técnico. Es el precio del billete para cientos de miles de personas.
Cada día laborable se registran entre 330.000 y 340.000 validaciones en autobús y entre 110.000 y 115.000 en el tranvía. En total, cerca de 500.000 desplazamientos diarios.
Las ayudas estatales permiten aplicar descuentos del 50% en abonos jóvenes y del 20% en el resto de títulos multiviaje. Sin esa financiación, el Ayuntamiento tendría que asumir el coste íntegro o trasladarlo a los usuarios.
La alcaldesa, Natalia Chueca, ha sido tajante: perder la subvención supondría que muchos usuarios podrían pagar hasta un 20% o incluso un 40% más por sus títulos de transporte. "¿Cómo voy a subirles el precio por un capricho?", ha planteado en referencia a las exigencias de Vox.
LA LÍNEA ROJA DEL PRESUPUESTO
Vox condiciona su apoyo al presupuesto de 2026 a modificar la ZBE. El Gobierno municipal ha ofrecido constituir un grupo de trabajo para revisar la ordenanza, estudiar modelos de otras ciudades y ajustar el sistema siempre que se garantice el mantenimiento de las ayudas.
Pero la formación ha rechazado esa vía.
Si el presupuesto vuelve a decaer en el pleno, la alcaldesa deberá someterse a una cuestión de confianza vinculada al proyecto presupuestario y su cargo quedará a disposición de los cuatro concejales de Vox, quienes ya han asegurado que no apoyarán a un candidato del PSOE. En caso de no conseguir el apoyo plenario, si en el mes siguiente no hay ninguna formación que presente un candidato alternativo, se entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto de presupuesto.
