Aragón asegura que dará los datos de menores migrantes cuando llegue la sentencia del TSJ de Madrid
El conflicto por la política migratoria sigue vivo entre el Gobierno aragonés y Moncloa. La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha insistido este lunes en que los datos sobre los menores migrantes no acompañados (menas) que acoge actualmente la comunidad autónoma "están preparados" y a disposición de las autoridades competentes, pero ha recalcado que será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) quien decida finalmente si deben ser entregados al Estado. Así lo ha señalado en declaraciones a los medios durante su visita institucional al Hogar de Personas Mayores IASS de Huesca, donde ha abordado este asunto que ha generado tensión entre el Gobierno de Aragón y el Ejecutivo central.
Según ha explicado Susín, el Ejecutivo aragonés presentó un recurso ante la Justicia madrileña solicitando la suspensión cautelar del requerimiento del Ministerio de Juventud e Infancia, que reclamaba a todas las comunidades autónomas el envío de datos concretos sobre los menores migrantes tutelados. Esta solicitud de información forma parte de la aplicación del Real Decreto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, que establece el reparto obligatorio de menores no acompañados entre comunidades autónomas, con el objetivo de descongestionar el sistema de acogida en Canarias, actualmente desbordado.
“Estamos a la espera de lo que dictamine el TSJM. Nosotros hemos cumplido con nuestra obligación, los datos están listos, pero será la justicia quien determine si debemos remitirlos o no”, ha reiterado la consejera. En este sentido, ha querido dejar claro que "Aragón no es un Gobierno insumiso", y que "cumple con las leyes y las resoluciones judiciales". Por tanto, en caso de que el tribunal no estime la suspensión cautelar solicitada, el Gobierno autonómico procederá a enviar la información requerida al Ministerio.
El plazo dado por el Ministerio de Juventud e Infancia para que las comunidades enviaran esta información finaliza este martes, 20 de mayo, pero Susín ha subrayado que, para el Ejecutivo aragonés, ese plazo queda suspendido a la espera del pronunciamiento judicial. “Ese plazo acabará cuando así lo diga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid”, ha puntualizado.
Además, la consejera ha defendido la decisión del Gobierno de Aragón de recurrir todas las actuaciones derivadas del citado Real Decreto, al considerar que tiene un origen "injusto" y "políticamente condicionado". En concreto, ha señalado que este decreto "ha sido negociado con el prófugo de la justicia Carles Puigdemont", en referencia al líder de Junts per Catalunya, cuyo apoyo ha sido clave para que el Gobierno de Pedro Sánchez sacara adelante varias medidas legislativas. “No responde al interés superior del menor, que es lo que debería primar, sino a intereses partidistas y de supervivencia política”, ha denunciado.
El Ejecutivo aragonés, gobernado por el Partido Popular en coalición con VOX, ha sido una de las comunidades más críticas con este sistema de redistribución obligatoria de menores, cuestionando su legalidad, oportunidad y falta de consenso entre territorios. No obstante, Susín ha remarcado que Aragón mantiene su compromiso con la protección de los menores y que el conflicto se centra en la imposición del reparto y el modo en que se ha tramitado, no en la acogida de los niños y jóvenes vulnerables.
