La DGA aprueba una oferta de empleo público de 504 plazas para profesores
El Gobierno de Aragón da un nuevo paso en la consolidación de empleo público en el sistema educativo. El Consejo de Gobierno ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) de personal docente no universitario de 2025, que incluye 504 nuevas plazas para maestros y profesores de Secundaria, FP y otras enseñanzas.
Con esta convocatoria, la plantilla docente alcanza las 20.351 personas, a las que se suman 800 profesionales de apoyo educativo (auxiliares de educación especial, personal sanitario y técnicos de educación infantil que trabajan directamente en las aulas). En total, más de 21.000 profesionales sostienen a diario el sistema educativo aragonés.
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Mar Vaquero, ha subrayado que esta oferta responde a la necesidad de “garantizar la calidad de los recursos educativos, con una adecuada planificación de recursos humanos en el sistema educativo aragonés”.
La OEP aplica una tasa de reposición del 120% en los sectores prioritarios, lo que permite reforzar la cobertura de plazas estructurales y avanzar en la reducción de la temporalidad. El objetivo político y técnico es claro: dar estabilidad a las plantillas y mantener la calidad del servicio educativo en un contexto de cambios demográficos y mayores necesidades de atención individualizada.
Aunque el detalle del reparto de plazas por cuerpos y especialidades se concretará en próximas convocatorias, desde el Ejecutivo destacan que la oferta permitirá sostener desdobles, apoyos, refuerzos y atención a la diversidad, especialmente en etapas clave como Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Aragón planta cara al nuevo decreto universitario del Gobierno central
En paralelo a la aprobación de la OEP docente, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 905/2025, que regula la creación y autorización de universidades y centros universitarios.
Según ha explicado Mar Vaquero, el texto “genera inseguridad jurídica, invade competencias de las comunidades autónomas y perjudica a territorios como Aragón en favor de otros con mayor población”.
El Gobierno aragonés critica especialmente el endurecimiento de requisitos, como la necesidad de superar los 4.500 alumnos, que dificulta el desarrollo de proyectos universitarios en territorios con menor densidad poblacional y el cambio de criterio que haría que las universidades online pasen a ser de competencia estatal en lugar de autonómica.
Mientras refuerza su red de docentes no universitarios con más de 500 nuevas plazas, Aragón abre también una batalla jurídica para defender su capacidad de decisión en materia universitaria, en un pulso directo con el modelo que plantea el Gobierno central.
