La Cámara de Cuentas retrata al Inaga de la DGA de Lambán: sin control, sin independencia y con expedientes de renovables sin justificar
La Cámara de Cuentas de Aragón publicó este jueves su informe de fiscalización sobre el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) correspondiente al periodo 2019-2023, y el documento llega en el peor momento posible para el organismo: en plena investigación judicial sobre el caso Forestalia, con su exdirector Jesús Lobera entre los detenidos. Lo que el informe describe no contradice lo que la Guardia Civil investiga. Lo confirma con datos oficiales.
El hallazgo más grave del informe es también el más revelador. Hasta octubre de 2022, los técnicos de Sarga y de las consultoras externas contratadas por el Inaga para revisar los expedientes de energías renovables debían firmar una declaración de compatibilidad que incluía una cláusula específica: la "inexistencia de relación alguna de interés personal o profesional directa o indirecta con la entidad promotora". Era la garantía formal de que quien evaluaba un proyecto no tenía vínculos con la empresa que lo promovía.
En octubre de 2022, esa cláusula desapareció. El Inaga modificó el formulario y suprimió esa referencia expresa. El resultado práctico fue que los mismos profesionales podían, a partir de ese momento, efectuar evaluaciones de impacto ambiental de proyectos de empresas con las que mantenían relaciones personales o profesionales sin tener que declararlo. La Cámara de Cuentas recuerda que esas cláusulas formaban parte de las condiciones de los contratos firmados y "debían cumplirse en tanto no se licitaran o formalizaran otros nuevos". No se cumplieron. El socialista Jesús Lobera dirigía el Inaga en ese momento.
Sin identificación de grupos empresariales: imposible detectar conflictos
La segunda crítica de peso apunta a otra omisión estructural. La Cámara de Cuentas advierte de que el Inaga no exige a los promotores de proyectos que identifiquen los grupos empresariales a los que pertenecen. Un dato que la institución califica de "crucial" para detectar posibles incompatibilidades: sin saber a qué grupo pertenece cada promotora, es imposible que los técnicos externos puedan declarar si tienen algún vínculo con quien está detrás del proyecto que están evaluando.
En un sector en el que muchas de las sociedades que tramitan parques eólicos o solares son filiales o participadas de grandes grupos empresariales —como ocurre con los distintos proyectos de Forestalia, articulados a través de múltiples sociedades— esta omisión no es un detalle burocrático. Es una puerta abierta a los conflictos de interés.
389 expedientes sin documentación y 536 sin tasa justificada
Los números del informe son elocuentes. En el periodo fiscalizado se tramitaron 1.191 expedientes vinculados a energías renovables. De ellos, en 389 no se han remitido las declaraciones de compatibilidad ni las diligencias de encargo. En otros 536 no ha sido posible identificar ninguna tasa ingresada por el Inaga ni las fechas de cobro. Y en 30 expedientes más, el personal identificado en el listado global no coincide con la documentación soporte.
Dicho de forma más directa: de los 1.191 expedientes, una parte sustancial carece de la documentación mínima que debería acreditar cómo se tramitaron y quién los evaluó. En el contexto de la investigación judicial en curso, esos huecos documentales son exactamente el tipo de rastro —o ausencia de él— que los investigadores buscan.
Competencias fuera de lugar y reestructuración sin justificar
El informe de la Cámara de Cuentas añade dos elementos más al retrato del Inaga durante la etapa de Lobera. En 2022, se otorgó a la secretaría general competencia para tramitar expedientes de energías renovables, unas funciones que "trascienden de las ordinarias de la secretaría general y no se han añadido a la relación de puestos de trabajo". Un movimiento organizativo sin respaldo normativo que amplió el control sobre los expedientes más sensibles.
Y en marzo de 2023, en la recta final del Gobierno de Lambán, se planteó una reestructuración del Inaga con el cese de los responsables de las jefaturas de áreas y la reordenación de las unidades técnicas. La Cámara señala que "falta información para justificar estos cambios" y que no consta aprobación de modificación de la relación de puestos de trabajo que los contemple.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en el horizonte
La Cámara de Cuentas no se limita a señalar los problemas. Estudia remitir el informe a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por el incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia: el Inaga no hizo la rendición de cuentas en tiempo y forma en 2021 y 2022, lo que constituye una "infracción muy grave" en materia de gestión económico-presupuestaria "si se considerara conducta culpable". Una advertencia que podría abrir un nuevo frente de responsabilidad, esta vez de naturaleza económica, para los responsables del organismo en ese periodo.
Entre las recomendaciones del informe figuran dotar al Inaga de medios propios suficientes para no depender tanto de personal externo —que en el periodo analizado supuso entre el 42% y el 60% del gasto en bienes y servicios—, exigir a los promotores que identifiquen sus grupos empresariales, recuperar las cláusulas de incompatibilidad y mejorar la gestión electrónica de los expedientes. Recomendaciones que, vistas a la luz de lo que la investigación judicial describe, llegan tarde pero no sobran.
