La unión de Astún y Formigal por Canal Roya tiene vía libre: los ecologistas pierden el recurso
La Sociedad Aragonesa de Protección de Animales y Plantas (SAPAP) trataba de bloquear el proyecto a través de un recurso al TSJA
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto por la Sociedad Aragonesa de Protección de Animales y Plantas (SAPAP), que intentaba bloquear el proyecto de unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal mediante un telecabina. Esta decisión judicial permite que el ambicioso plan siga adelante sin la protección prevista por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Anayet-Partacua, cuya reactivación buscaba Sapap. La sentencia cierra una batalla legal que ha dividido a la sociedad aragonesa durante los últimos dos años.
Numerosas organizaciones ecologistas como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han mostrado su firme oposición a este proyecto. Estos colectivos han alertado repetidamente sobre los posibles daños ambientales que la construcción del telecabina podría causar en un enclave pirenaico de alto valor ecológico y paisajístico. A pesar de las denuncias y los recursos presentados, el TSJA ha fallado a favor del Gobierno de Aragón, permitiendo que el proyecto avance sin mayores obstáculos legales.
La construcción de esta infraestructura ha generado un intenso enfrentamiento entre los defensores del turismo y la naturaleza. Por un lado, el Gobierno de Aragón y los promotores del proyecto aseguran que la telecabina potenciará el turismo de nieve en el Pirineo aragonés, lo que contribuirá a fortalecer la competitividad de la región frente a otros destinos de esquí a nivel internacional. Por otro lado, los detractores de la obra advierten de los riesgos que puede acarrear para la biodiversidad y el aumento de la huella de carbono en un territorio tan sensible como el Pirineo.
RECURSOS ECOLOGISTAS Y REACCIONES
El pasado mes de mayo de 2023, las organizaciones ecologistas presentaron un recurso contra la declaración del proyecto como inversión de interés general, ya que, según ellos, no se había garantizado la suficiente transparencia ni justificación en su tramitación. A pesar de este recurso, y en un intento por frenar el avance de la obra, las organizaciones ecologistas trasladaron sus quejas al Parlamento Europeo en septiembre del mismo año. En su intervención ante la UE, alertaron sobre el uso de fondos europeos Next Generation para financiar proyectos que consideran perjudiciales para los ecosistemas de alta montaña. Sin embargo, la decisión del TSJA deja claro que no se requiere reactivar el PORN de Anayet-Partacua, despejando cualquier obstáculo legal para la ejecución del proyecto de la telecabina.
El fallo judicial también incluye una condena a los colectivos ecologistas a pagar las costas judiciales, que ascienden a 1.500 euros. A pesar de este revés, los ecologistas han expresado su decepción y no descartan explorar otras vías legales para tratar de frenar la construcción de la infraestructura.
La resolución judicial supone un importante impulso al plan de unión de las estaciones de esquí, que ha sido considerado una pieza clave en la estrategia para convertir el Pirineo aragonés en un referente internacional del esquí. Esta ambiciosa propuesta busca unir dos de las estaciones de esquí más importantes de la región, creando una de las infraestructuras más modernas de Europa. A pesar de la polémica, el proyecto tiene como objetivo incrementar la afluencia de turistas y mejorar la competitividad de las estaciones aragonesas frente a otras grandes estaciones de esquí en los Alpes y el resto de Europa.
PERSPECTIVAS A FUTURO
La construcción de esta telecabina entre Astún y Formigal también se ve como una oportunidad de generar nuevos empleos y aumentar el desarrollo económico en la región, especialmente en un territorio que depende en gran medida del turismo y las actividades relacionadas con la nieve. Aunque los ecologistas aún mantienen su oposición, el Gobierno de Aragón ha defendido que el proyecto cumplirá con todos los requisitos ambientales y que se llevará a cabo de forma sostenible, minimizando los impactos negativos sobre el medio ambiente.
Con esta sentencia, el futuro del proyecto parece estar más cerca de convertirse en realidad, pero la tensión entre el desarrollo turístico y la protección del medio ambiente continúa siendo un tema clave en la agenda pública de la región. La resolución del TSJA, aunque definitiva, podría no ser el último capítulo de una lucha que sigue despertando pasiones en toda la comunidad aragonesa.
