La DGA se pone severa con cientos de pueblos y les pide retirar el amianto de sus instalaciones
En el año 2001, el amianto fue prohibido en España debido a los graves riesgos que este material representa para la salud. Sin embargo, su uso en diversos sectores industriales durante años dejó una huella difícil de eliminar, y en Aragón, 2.807 trabajadores siguen siendo monitoreados debido a la exposición o postexposición a este peligroso material.
A raíz de la legislación estatal de 2022 sobre residuos y suelos contaminados, el Gobierno de Aragón ha enviado una carta a los alcaldes de los municipios para recordarles una importante obligación: la creación de un censo de edificios con amianto y la elaboración de un calendario para la retirada del material. Esta obligación es parte de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2022, que marcaba como fecha límite para su cumplimiento el 8 de abril de 2023. Sin embargo, como ha ocurrido en muchas comunidades autónomas, Aragón ha incumplido este plazo.
OBLIGACIÓN LEGISLATIVA Y PLAZOS INCUMPLIDOS
El incumplimiento de esta normativa ha llevado a la administración autonómica a ponerse en contacto con los alcaldes, solicitando que el censo de edificios con amianto, así como el calendario de eliminación, se remita a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes. El incumplimiento de estos procedimientos podría generar complicaciones en la vigilancia sanitaria de los afectados y en el cumplimiento de las normativas medioambientales.
La carta enviada por el Gobierno de Aragón está firmada por la directora general de Salud Pública, Nuria Gayan, la directora general de Calidad Ambiental, María Martínez, y el director general de Trabajo, Jesús Divassón. En ella se incluye un enlace para que los alcaldes accedan a las "Directrices para la retirada del amianto instalado", documento publicado en la web del Ministerio de Sanidad. Esta publicación ofrece los pasos necesarios para elaborar el censo y los criterios de priorización para la retirada del amianto, además de explicar cómo gestionar los residuos de este material.
LA NECESIDAD DE CUMPLIR LA NORMATIVA
El amianto, utilizado en la construcción y otros sectores, sigue siendo una preocupación sanitaria debido a su potencial para causar graves enfermedades respiratorias. La ley exige que los municipios no solo elaboren el censo, sino que también gestionen adecuadamente su retirada, asegurando que los residuos sean enviados a gestores autorizados para su disposición correcta.
Con el incumplimiento de la fecha establecida para la creación del censo y el calendario, Aragón enfrenta el reto de garantizar la seguridad y salud de los ciudadanos, y más aún de aquellos trabajadores y residentes que han estado expuestos a este material. En este contexto, la administración autónoma está instando a los responsables municipales a actuar con celeridad para cumplir con la legislación vigente, evitando así riesgos para la salud pública y el medio ambiente.
El amianto sigue siendo un legado complejo de una época en la que la seguridad laboral y la salud pública no eran tan priorizadas, pero ahora, con el marco normativo adecuado, es crucial que se tomen medidas para su erradicación.
