Borja Giménez Larraz: "No se trata de elegir entre Europa o la OTAN. Necesitamos ambas"

Europa mantiene el retrovisor lleno de incertidumbres. La vivienda se ha convertido en el termómetro más crudo —alquileres disparados, obra nueva atascada y salarios que no acompañan— mientras el tablero geopolítico añade presión: guerra en Ucrania, tensión en Oriente Medio, dependencia energética en revisión y una economía que compite entre la descarbonización y la carrera tecnológica global.

En este cruce de crisis, oportunidades y decisiones aplazadas, HOY ARAGÓN entrevista a Borja Giménez Larraz para entender qué puede hacer Europa para resolver los grandes problemas que tiene el continente.

PREGUNTA. - El informe que prepara el comisario Dan Jorgensen será la base de una estrategia de vivienda asequible. ¿Qué novedades concretas cree que puede aportar respecto a lo ya existente en España?

RESPUESTA. - En primer lugar, las políticas de vivienda son competencia de los Estados miembros y la Unión está obligada a respetar el principio de subsidiariedad de conformidad con el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Por lo tanto, es necesario adoptar un enfoque a medida e integral, y no decantarse por un principio de 'solución única'.

Sin embargo, en todos los Estados miembros está surgiendo un patrón de causas profundas compartidas, algunas ancladas en la normativa de la Unión. El principal factor determinante de la subida de los precios de la vivienda es el desequilibrio persistente entre la demanda de vivienda y las fuerzas de la oferta, con una demanda que se mantiene en niveles históricamente elevados, mientras que el parque de viviendas sigue siendo rígido y no responde a las señales del mercado.

Necesitamos un enfoque en dos fases. En primer lugar, impulsar la oferta de vivienda. En segundo lugar, debe apoyarse la demanda de vivienda para garantizar que las personas más necesitadas, en particular los jóvenes y las familias de renta baja y media, puedan acceder a una vivienda asequible proporcionando mecanismos de apoyo financiero que no distorsionen el mercado y que respeten unas condiciones de competencia equitativas.

Nuestra tarea es urgente, pero tenemos un plan. Un plan basado en cinco pilares, que hemos transmitido al comisario Dan Jorgensen para que tenga en cuenta en el plan de la Comisión Europea para una estrategia de vivienda asequible. En primer lugar, debemos confiar en las autoridades locales y regionales: ellas saben más. Son las administraciones responsables de gestionar la vivienda.

En segundo lugar, impulsar la oferta, dado que necesitamos más viviendas. Hace falta construir y renovar más. En tercer lugar, financiación privada, dado que el sector público no es suficiente. En cuarto lugar, debemos apoyar la demanda. Los jóvenes, las familias y las personas más vulnerables lo necesitan. Y quinto y último, debemos apostar por soluciones basadas en datos, porque si no, estamos ciegos.

P.- Usted insiste en la necesidad de reducir burocracia y simplificar regulaciones en el sector. ¿Qué trabas administrativas son hoy las más urgentes de eliminar en el sector de la construcción?

R.- El principal factor de la crisis de la vivienda en Europa es el enorme desequilibrio entre la demanda y la oferta. La demanda no deja de crecer, pero la oferta se mantiene rígida y en muchos países incluso disminuye. Lo dijo la propia presidenta de la Comisión Europea en el debate sobre el Estado de la Unión: en los últimos cinco años los permisos de construcción residencial han caído un 20%. Eso se traduce en menos construcción, menos vivienda disponible y precios más altos.

¿Por qué ocurre esto si hay tanta demanda? Porque el sector privado se encuentra con demasiadas trabas. En primer lugar, la escasez de suelo disponible. En segundo lugar, los plazos interminables para obtener permisos y licencias, que en algunos casos pueden durar años y desincentivan cualquier inversión. A esto se suma la inseguridad jurídica, los impuestos elevados, el aumento del coste de los materiales y de la energía, la falta de mano de obra cualificada y también las dificultades de financiación. El resultado es claro. A pesar de la demanda, no se construye lo suficiente, y eso alimenta el círculo vicioso de los precios altos.

Con este informe hemos querido dar respuesta a esa realidad y plantear soluciones concretas. En primer lugar, pedimos una auditoría conjunta de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas que identifique qué normas y procedimientos están bloqueando la construcción y encareciendo artificialmente los procesos. También pedimos que la Comisión publique un estudio detallado sobre las causas del exceso de tiempo necesario para conseguir licencias y permisos de obra, porque sin un diagnóstico claro no habrá solución.

En segundo lugar, creemos que Europa necesita un verdadero Housing Ómnibus, un paquete legislativo ambicioso que elimine burocracia, simplifique trámites y dé seguridad a quienes quieran construir o rehabilitar vivienda. Y, en tercer lugar, necesitamos invertir en las personas. Debemos formar a jóvenes y trabajadores del sector para cubrir la falta de mano de obra, modernizar los oficios de la construcción. Si no conseguimos aumentar la oferta, los precios seguirán subiendo. Nuestro objetivo es muy claro: menos burocracia, más construcción y, por tanto, más oportunidades para acceder a una vivienda digna.

P.- La regulación medioambiental a veces se percibe como obstáculo. ¿Cómo se puede equilibrar sostenibilidad y agilidad en la construcción de vivienda asequible?

R.- La sostenibilidad es irrenunciable, pero no puede ser una excusa para frenar la vivienda asequible. El equilibrio pasa por normas medioambientales claras y realistas, por innovar en materiales que reduzcan costes y por digitalizar los procesos para acabar con la burocracia que retrasa proyectos. Europa debe convertir el cumplimiento medioambiental en una palanca para construir hogares de calidad, más eficientes y accesibles. Sostenibilidad y asequibilidad, bien gestionadas, se refuerzan mutuamente. 

P.- Tras la crisis de 2008, el crédito se restringió. ¿Qué fórmulas deberían explorarse para que vuelva a fluir sin repetir los errores del pasado?

R.- La crisis de 2008 fue, ante todo, una crisis de crédito que afectó de manera muy dura a los bancos y, como consecuencia, a millones de familias. Aquello nos enseñó una lección fundamental, que es que no podemos volver a cometer los mismos errores. Tras la crisis, se cerró el prácticamente el grifo del crédito.

Hoy necesitamos explorar fórmulas que permitan que el crédito a la construcción vuelva a fluir, pero siempre garantizando la estabilidad del sistema financiero. Es fundamental contar con un marco regulatorio estable, con seguridad jurídica y reglas claras, que genere confianza tanto en los bancos como en los promotores y en los ciudadanos. Se trata de encontrar un equilibrio: facilitar el acceso al crédito para aumentar la oferta de vivienda y fomentando la renovación del parque existente, pero evitando los riesgos que provocaron la burbuja de hace quince años.

P.- El Plan Aragón Más Vivienda ha movilizado 300 millones de euros. ¿Qué elementos de este modelo cree que pueden exportarse a nivel europeo?

R.- El plan de vivienda de Aragón es un ejemplo a seguir para Europa. El gobierno de Jorge Azcón ha demostrado que cuando hay visión y rigor se pueden movilizar inversiones de manera eficaz y atender a los ciudadanos. 

¿Qué funciona y se puede escalar en la UE? Uno, la mirada territorial y local, programas distintos para pequeños municipios (Plan 700), para ciudades medianas (Plan +3.000) y para zonas turísticas. No hay una única realidad en el mercado y querer resolver todas de la misma forma puede ser contraproducente e ineficaz. Dos, la financiación híbrida autonómica, estatal y europea, demostrando que los fondos europeos bien gestionados sí llegan al ciudadano. Y tres, una cultura de proyecto con metas medibles: más de 2.100 viviendas adjudicadas en dos años y objetivo de 4.000 en 2027. Ese espíritu de planificación, transparencia y resultados es exactamente lo que necesitamos escalar a nivel europeo. Necesitamos proyectos concretos, menos burocracia y más soluciones reales para las familias.

P.- Ha calificado la ley de vivienda española como “intervencionista”. ¿Qué tipo de marco legal sería más adecuado para incentivar la oferta sin expulsar viviendas del mercado?

R.- La Ley de Vivienda del Gobierno de Sánchez no ha resuelto el problema, lo ha empeorado. Allí donde se ha aplicado ha reducido la oferta, ha generado incertidumbre y ha encarecido el acceso. Necesitamos un marco legal que piense en quienes buscan una casa, no en recetas intervencionistas que acaban expulsando viviendas del mercado. La clave está en agilizar licencias, movilizar suelo público, incentivar la rehabilitación y eliminar cuellos de botella que retrasan proyectos. Al mismo tiempo, debemos garantizar seguridad jurídica para que más propietarios confíen en poner sus pisos en alquiler. Porque solo con más oferta habrá más competencia y, en consecuencia, precios más justos para los inquilinos.

P.- La inseguridad jurídica, la okupación y la inquiokupación desincentivan la puesta en alquiler de viviendas. ¿Qué soluciones propone Europa en este terreno?

R.- Los ciudadanos de la Unión tienen derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a heredarlos. La inseguridad jurídica (ya sea por ocupación ilegal o por inqui-ocupación) acaba reduciendo la oferta y encareciendo el alquiler, y quienes más lo sufren son los inquilinos que buscan un hogar. 

Europa, respetando siempre las competencias nacionales, puede ayudar a coordinar mejor. Proponemos, en primer lugar, la creación de un registro europeo de ocupación ilegal para apoyar la cooperación, la recopilación de datos y el intercambio de información entre los Estados miembros, así como para detectar patrones de la ocupación relacionada con la delincuencia.

En segundo lugar, pedimos políticas coordinadas a escala de la Unión para impedir y abordar todas las formas de ocupación ilegal de viviendas, algo indispensable para garantizar la seguridad jurídica. Debemos garantizar la existencia de mecanismos jurídicos rápidos y eficaces para recuperar el inmueble. Dar seguridad jurídica no es solo proteger al propietario, es también asegurar que haya más viviendas en el mercado y, por tanto, precios más accesibles para las familias y los jóvenes.

P.- Usted habla de apoyar a los jóvenes con garantías del 100% en la compra de vivienda. ¿Es realista pensar que la UE puede impulsar un mecanismo común de garantías hipotecarias para menores de 35 años?

R.- En nuestro informe, hacemos hincapié en la necesidad de prestar especial atención a las generaciones más jóvenes y futuras, especialmente en las zonas con bajas tasas de independencia económica y en las que los jóvenes tardan más en abandonar su hogar familiar. A este respecto, pedimos a los Estados miembros y a las autoridades locales que promuevan medidas que permitan a los jóvenes acceder al crédito a la vivienda. Esto incluye, por ejemplo, exenciones de los impuestos sobre las transacciones para los nuevos compradores que ocupan la propiedad durante un período determinado

Por lo que respecta a las garantías, lo que estamos planteando son avales de la administración para adquirir una vivienda y completar así el 20% de financiación que no ofrecen las actuales hipotecas. De este modo, los jóvenes podrán completar hasta el 100% de las garantías que necesitan en el acceso a la vivienda. Es la medida que está articulando el PP a nivel nacional. 

A día de hoy no sabemos qué instrumento exacto podría utilizarse, aunque estamos estudiando con las instituciones europeas si tendría encaje en mecanismos ya existentes del presupuesto europeo. En cualquier caso, lo más adecuado es que la gestión de estos avales y la mayor parte de la financiación recaigan en las autoridades pertinentes en cada caso, como los estados miembros, o comunidades autónomas, que son quienes conocen mejor las necesidades de sus mercados. Es primordial respetar el principio de subsidiariedad.

Un punto clave, que no hemos podido introducir en el borrador del informe por restricciones de espacio pero que sí incorporaremos en las enmiendas, es que los bancos realicen el análisis de riesgo de las hipotecas. Los bancos deben analizar bien a quién conceden las hipotecas y a gestionar con responsabilidad esas carteras de préstamos. Eso es lo que garantiza que el sistema funcione de forma sostenible y justa. Este diseño equilibra los incentivos, anima a los bancos a conceder crédito y mantiene la estabilidad financiera.

P.- La UE afronta retos en materia de competitividad frente a EE. UU. y China. ¿Cree que la política industrial europea avanza lo suficientemente rápido?

R.- Europa tiene todo lo necesario para ser competitiva frente a Estados Unidos y China: talento, innovación y un mercado único que es nuestra gran ventaja. Hemos perdido varios trenes, pero esta es la legislatura de la innovación y debemos aprovecharla. 

Lo que necesitamos ahora es acelerar. La política industrial europea ha empezado a dar pasos en la buena dirección, pero debemos ir más rápido. Necesitamos menos burocracia, más apoyo a las pymes y una inversión decidida en sectores estratégicos como la energía, lo digital o la defensa. 

Además, la fuerza de Europa ante este desafío reside en su unión comercial, y hoy está llamada a tomar decisiones. Ya no es una opción, es una necesidad estratégica. Tenemos que abrir nuevos mercados. Y hoy, entre todas las regiones, hay una que nos interpela de manera singular: Iberoamérica. Por la historia, por los lazos culturales y lingüísticos, y por la convergencia de intereses que nos proyecta hacia el futuro. Los acuerdos de México y Mercosur debe ser una realidad lo antes posible. 

Frente al repliegue nacional, frente al proteccionismo, la UE debe abanderar la defensa del libre comercio. Por nuestros principios, sí, pero fundamentalmente, por la prosperidad de nuestras empresas y del conjunto de los europeos.

P.- En seguridad y defensa, tras la guerra en Ucrania, ¿la UE debe apostar por una autonomía estratégica real o seguir dependiendo del paraguas de la OTAN?

R.- No se trata de elegir entre Europa o la OTAN. Necesitamos ambas. La Alianza Atlántica seguirá siendo nuestro paraguas, pero Europa tiene que asumir más responsabilidad. Eso implica invertir más en defensa, reforzar nuestra industria y alcanzar una verdadera autonomía estratégica que nos permita reaccionar rápido, siempre coordinados con la OTAN y sin duplicar estructuras. Desde el Partido Popular defendemos que Europa deje de ser solo un consumidor de seguridad y pase a ser también un productor. Y eso exige mantener el apoyo firme a Ucrania, no solo en lo financiero o político, sino con una industria europea capaz de fabricar la munición y el equipamiento que ellos necesitan para resistir y nosotros para protegernos.

P.- La gestión de la inmigración es un debate constante en Bruselas. ¿Cómo se puede combinar la necesidad de mano de obra con la obligación de garantizar seguridad y cohesión social?

R.- La inmigración es una realidad. Europa necesita mano de obra en sectores esenciales como la sanidad, la construcción o los cuidados. Pero esa necesidad debe ir siempre de la mano del orden y la seguridad. Quien respeta las normas y viene a trabajar debe tener vías legales claras y seguras; quien delinque, debe marcharse. Por eso es urgente aplicar el Pacto de Migración y Asilo, con fronteras firmes, retornos efectivos y solidaridad entre Estados. Solo así podremos combinar seguridad y cohesión social con oportunidades reguladas para quienes quieren integrarse y contribuir al futuro de Europa.

P.- El nuevo presupuesto europeo deberá negociarse pronto. ¿Qué partidas deberían priorizarse: vivienda, defensa, innovación, transición energética o cohesión territorial?

R.- No se trata de elegir entre vivienda o defensa. Se trata de invertir con inteligencia para que Europa sea segura, competitiva y habitable. Hay cuatro frentes que deben ir de la mano. Primero, defensa y resiliencia industrial, porque garantizan nuestra seguridad y al mismo tiempo generan empleo de alto valor. Segundo, innovación, con menos trabas y más escala para que nuestras empresas puedan competir en igualdad con EE. UU. y China. Tercero, una transición energética asequible, que reduzca costes sin frenar el desarrollo económico. Y cuarto, vivienda, donde la UE puede actuar como catalizador multiplicando la inversión a través del BEI y los fondos de cohesión. Sumando estas políticas lograremos una Europa más competitiva, más independiente y más cohesionada territorialmente.

P.- En materia digital, ¿está la UE preparada para regular la inteligencia artificial sin frenar la innovación frente a gigantes tecnológicos de otras regiones?

R.- Sí, Europa puede regular la inteligencia artificial sin frenar la innovación, siempre que lo haga con sentido común. Desde el Partido Popular defendemos un marco que dé seguridad y confianza, pero sin caer en excesos que ahoguen a nuestras empresas. La IA es una oportunidad histórica que Europa debe aprovechar impulsando su propio desarrollo, con regulaciones basadas en riesgos y estándares de seguridad comunes. Se trata de proteger a los ciudadanos y, al mismo tiempo, dar a nuestras pymes y startups las condiciones para crecer y competir en igualdad con Estados Unidos y Asia.

P.- La ampliación hacia países de los Balcanes y, en el futuro, Ucrania, está en la agenda. ¿Está la Unión preparada para absorber nuevos miembros en este momento?

R.- La ampliación de la Unión es necesaria, pero debe hacerse con rigor: paso a paso y en función de las reformas que cumpla cada país, desde el Estado de derecho hasta la economía. Al mismo tiempo, la UE debe prepararse para integrar nuevos miembros sin fracturas. En los Balcanes ya se están adelantando beneficios antes de la adhesión, como el acceso parcial al mercado único, y con Ucrania el camino es el mismo: reformas profundas y un anclaje firme a Europa como garantía de seguridad y estabilidad tras la guerra iniciada por Rusia. Ampliar sí, pero siempre con estabilidad y garantías para todos