El caso Forestalia se complica: un nuevo informe de la Ucoma señala a la directora general del Miteco por presuntas irregularidades
La investigación sobre la presunta trama en torno a Forestalia suma un nuevo capítulo de gravedad. Un informe reciente de la Ucoma —la unidad especializada de la Guardia Civil en delitos económicos y contra la Hacienda Pública— recoge los testimonios de 19 personas que trabajaban en el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), y todos ellos apuntan en la misma dirección: existía un método deliberado y reiterado para convertir declaraciones de impacto ambiental desfavorables en favorables para los proyectos de la empresa renovable.
El patrón que describen los testigos tiene tres ejes bien definidos. Primero, la eliminación de contenido técnico en los borradores de las declaraciones. Segundo, la sistemática omisión del trabajo de los funcionarios especializados. Y tercero, la utilización de canales de registro no habituales para colar los expedientes al margen de los procedimientos ordinarios. Una combinación que, de confirmarse judicialmente, apuntaría no a errores puntuales sino a una forma de operar organizada y sostenida en el tiempo.
Eugenio Domínguez y el papel de Marta Gómez Palenque
El nombre que vertebra buena parte de los testimonios recogidos por la Ucoma es el de Eugenio Domínguez, señalado como uno de los presuntos cabecillas de la trama y a quien los testigos sitúan como el organizador del método dentro del Miteco. Pero el informe va más allá y apunta también a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del mismo ministerio, Marta Gómez Palenque.
Uno de los funcionarios declarantes afirma que del procedimiento presuntamente organizado por Domínguez habían informado a Gómez Palenque. El mismo testigo relata que, tras el nombramiento de la directora general, el borrador en el que estaba trabajando fue anulado y sustituido por uno nuevo. Un hecho concreto, fechado y vinculado a un cambio orgánico, que los investigadores han tomado en consideración.
Otros testimonios añaden un elemento relevante: varios funcionarios sitúan el ascenso de Gómez Palenque al frente del departamento como el momento a partir del cual comenzaron las presiones sobre los técnicos. No todos los declarantes afirman haberlas sufrido directamente —algunos reconocen que su conocimiento es indirecto— pero la mayoría coincide en que había compañeros que sí alertaron en su momento de esas irregularidades.
La propia Marta Gómez Palenque ya ha prestado declaración ante los investigadores. La Ucoma recoge en uno de sus informes, con fecha del pasado 5 de marzo, que "se desconoce si tenía conocimiento de las irregularidades". Una formulación cautelosa que no la exculpa pero tampoco la señala de forma definitiva, y que refleja el estado actual de una investigación que sigue abierta y en curso.
El Inaga aragonés, dentro del foco investigador
La implicación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en los testimonios recogidos por la Ucoma sitúa de nuevo a Aragón en el centro del caso Forestalia. El Inaga es el organismo autonómico responsable de tramitar y resolver los procedimientos de evaluación de impacto ambiental en la comunidad, un papel clave en la cadena de aprobación de los proyectos de energía renovable que son objeto de investigación.
Que funcionarios del Inaga figuren entre los 19 testigos que describen un método común refuerza la tesis de que las presuntas irregularidades no se limitaban al ámbito estatal sino que tenían ramificaciones en la administración aragonesa. La investigación deberá determinar en qué medida esa coordinación entre el Miteco y el Inaga era fruto de instrucciones concretas o de dinámicas más informales, pero la coincidencia de los testimonios en describir un mismo patrón de actuación es, por sí sola, un dato significativo.
Un caso que acumula derivadas
El caso Forestalia lleva meses generando derivadas políticas, administrativas y judiciales. La empresa, dedicada al desarrollo de parques eólicos y solares, está en el centro de una investigación que cuestiona la legalidad de los procedimientos seguidos para obtener las declaraciones de impacto ambiental favorables que necesitaba para sacar adelante sus proyectos.
La acumulación de testimonios en la misma dirección —19 declarantes con perfiles diferentes pero con relatos convergentes sobre el método empleado— es uno de los elementos que los investigadores consideran más sólidos del caso. En las tramas de corrupción administrativa, la existencia de un 'modus operandi' documentado y reconocido por múltiples fuentes independientes suele ser determinante a la hora de construir una acusación con consistencia judicial.
La investigación sigue su curso y se espera que en las próximas semanas se produzcan nuevas diligencias. El informe de la Ucoma con fecha de 5 de marzo es, por el momento, el último documento relevante que ha trascendido, pero fuentes conocedoras del caso apuntan a que la instrucción judicial tiene aún varios frentes abiertos que no han salido a la luz.
