Los grandes cambios ya vigentes de la Ley de Agricultura Familiar de Aragón
El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves, 15 de mayo, una reforma significativa de la Ley de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de la comunidad, también conocida como Ley de Agricultura Social y Familiar. La modificación se ha tramitado por el procedimiento de lectura única, a propuesta del grupo parlamentario Vox.
Esta reforma tiene como objetivos principales facilitar la instalación de nuevas granjas, flexibilizar los criterios sobre la unidad mínima de cultivo y fomentar la incorporación de jóvenes al sector agrario. La intención es hacer frente a la disminución continuada del número de agricultores y ganaderos, asegurando la viabilidad económica de las explotaciones agrarias.
Así, esta reforma facilita la apertura de nuevas explotaciones ganaderas al flexibilizar tanto el número de animales permitidos por instalación como la distancia exigida entre ellas. Estos aspectos, regulados previamente en el artículo 8 (ahora derogado), habían sido objeto de críticas recurrentes por parte de organizaciones ecologistas, que alertaban sobre la proliferación de macrogranjas en distintas zonas de Aragón.
Antes del cambio legislativo, las explotaciones estaban limitadas a una capacidad máxima de 720 unidades de ganado mayor (UGM) y debían respetar una separación mínima de un kilómetro entre granjas. Asimismo, existía una restricción que solo permitía ampliaciones de hasta un 20 %, límite que ha sido eliminado con la nueva normativa.
La votación ha reflejado una división política clara. Han apoyado la reforma el Partido Popular (PP), Vox y el Partido Aragonés (PAR). En contra se han posicionado Izquierda Unida (IU) y Podemos. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Chunta Aragonesista (CHA) y Aragón-Teruel Existe han optado por la abstención.
Durante el debate parlamentario, el portavoz adjunto de Vox, Santiago Morón, ha justificado la iniciativa destacando los "graves perjuicios" que, a su juicio, ha causado la normativa vigente a los jóvenes agricultores. Ha argumentado que la ley actual ha dificultado el relevo generacional y ha frenado la apertura de nuevas explotaciones ganaderas. También ha criticado las políticas derivadas del Pacto Verde Europeo, que considera responsables de aumentar los costes y reducir la competitividad del sector frente a productos de terceros países con normativas más laxas.
Desde el Partido Popular, el diputado José María Giménez ha defendido la necesidad de una normativa que proteja a los pequeños y medianos agricultores, que son, según ha dicho, esenciales para la vida en el medio rural. Giménez ha señalado que el sector ya venía advirtiendo de los efectos negativos de la ley anterior y ha apuntado a un incremento de las bajas en el régimen agrario de la Seguridad Social durante el último año como un indicador de dicha problemática.
Por parte del PSOE, Marcel Iglesias ha matizado que la ley no puede calificarse de "desastre", como sostienen los impulsores de la reforma. Ha recordado que la reducción de agricultores es una tendencia generalizada en otras comunidades autónomas. También ha aclarado que la reforma afecta a un número muy limitado de artículos del total de la ley, proponiendo mejorar aspectos concretos sin desmantelar el texto legal.
José Luis Soro, portavoz de CHA, ha reclamado una flexibilización de la normativa, pero sin poner en riesgo la protección de los pequeños agricultores ni abrir la puerta a un incremento de las macrogranjas. Ha apostado por ajustes como la reducción de la unidad mínima de cultivo, pero manteniendo límites que eviten la concentración de tierras y el impacto ambiental negativo.
Desde Aragón-Teruel Existe, la diputada Pilar Buj ha calificado la reforma como un "recorte" que favorece fundamentalmente a la ganadería intensiva. Ha criticado la falta de un enfoque claro y de criterios bien definidos, señalando que la reforma no atiende adecuadamente a las necesidades reales de los pequeños y medianos agricultores.
En una línea similar, Andoni Corrales (Podemos) ha denunciado que esta reforma tiene un trasfondo ideológico y responde más a intereses partidistas que a una verdadera mejora del modelo agrícola. Ha recordado que la ley original fue el resultado de un proceso participativo de tres años y apenas lleva un año en vigor.
Álvaro Sanz (IU) ha sido especialmente crítico, acusando a los partidos de derecha de querer desmantelar un modelo de agricultura orientado a la sostenibilidad y al arraigo territorial. Ha lamentado que se prioricen intereses económicos frente a la cohesión territorial y la protección del medio rural.
En contraste, Alberto Izquierdo (PAR) ha considerado que la reforma aporta claridad y mejora la operatividad de la normativa, corrigiendo aspectos que estaban dificultando su aplicación.
