¿Cómo debe ser el nuevo sistema de financiación de las CCAA? Estas son las peticiones de todas

La intención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de presentar “en los próximos meses” una propuesta cerrada para reformar el sistema de financiación autonómica ha reactivado un debate histórico: cómo repartir los recursos del Estado entre las comunidades de forma “justa” cuando cada territorio reclama criterios distintos y, en muchos casos, contrarios.

Aunque el Gobierno aún no ha concretado detalles técnicos, sí ha deslizado dos líneas maestras: la eliminación de las entregas a cuenta —una pieza clave en el reparto actual— y un modelo que combinará multilateralidad y acuerdos bilaterales. Además, deberá integrar el reconocimiento de una “singularidad catalana” pactada entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Salvador Illa. Con ello, la configuración final podría alterar por completo el sistema que lleva más de una década sin actualizarse.

Ocho comunidades exigen que se prime la despoblación

Si hay un bloque que habla con una sola voz es el de las regiones afectadas por la pérdida de población y el envejecimiento. Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja defienden que el futuro modelo debe compensar a los territorios donde atender a menos habitantes es, paradójicamente, más costoso.

Dispensar servicios básicos —sanidad, colegios o carreteras— a poblaciones dispersas y envejecidas exige más presupuesto. Por ello reclaman que el sistema reconozca de forma prioritaria el coste real de prestar esos servicios en entornos rurales. No es una reivindicación nueva: estos mismos territorios impulsaron una declaración conjunta en 2018, bajo el liderazgo del entonces presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, hoy líder del PP.

Las comunidades ‘infrafinanciadas’ reclaman población ajustada

Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía llevan años denunciando un reparto desigual que, argumentan, no compensa el volumen de población real que deben atender. Reclaman dos medidas urgentes: un fondo transitorio de nivelación, que compense mientras no se reforma el sistema y un peso prioritario de la población ajustada, un indicador que incluye número de habitantes pero también necesidades reales (como mayores dependientes o jóvenes en edad escolar).

Estas comunidades, con alta densidad demográfica, consideran injusto que el modelo dé más peso a criterios territoriales que no afecten al volumen de servicios que deben prestar.

Madrid, Cataluña y Baleares piden considerar el PIB, y las islas reclaman además su insularidad

Las tres regiones económicamente más potentes —Madrid, Cataluña y Baleares— apuestan por incluir el PIB como criterio clave, para que la aportación fiscal guarde una mayor proporcionalidad con la riqueza generada en cada territorio. Por su parte, Canarias y Baleares exigen que la insularidad se incorpore como mecanismo compensatorio ante los sobrecostes logísticos que soportan.

Un acuerdo que exige pacto PP–PSOE

El Gobierno insiste en que el nuevo modelo solo podrá salir adelante si hay un consenso entre las dos grandes fuerzas nacionales. Sin embargo, el PP llega a la negociación con barones territoriales que defienden posiciones incompatibles entre sí. La paradoja es evidente: antes de pactar con el Gobierno, el PP necesita pactar consigo mismo.

Mientras tanto, Hacienda guarda silencio técnico y observa cómo cada comunidad blinda su posición. Lo único cierto hoy es que todas piden equidad, pero cada una la define a su manera. La pregunta no es solo cómo repartir el dinero, sino qué significa, para cada territorio, ser “financiado con justicia”.