Subida salarial a los funcionarios de Aragón: cuándo se cobra, cómo pedir los atrasos...

Los empleados públicos españoles verán reflejada en su nómina de julio de 2025 una subida salarial del 0,5% con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este mismo año. Esta medida fue aprobada por el Consejo de Ministros en aplicación del Acuerdo Marco firmado en 2022 entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y afecta a más de tres millones de trabajadores del sector público.

El incremento responde a una cláusula incluida en dicho acuerdo, que establecía la posibilidad de una subida adicional si el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) entre 2022 y 2024 superaba el 8%, umbral que se ha visto sobrepasado al alcanzar el 12%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta actualización retributiva se sumará a las subidas salariales ya acordadas para los años anteriores: un 3,5% en 2022, un 2,5% en 2023 y un 2% para este año.

La aplicación de esta subida no solo tendrá efectos en las futuras nóminas, sino que también implica el abono de los atrasos acumulados desde el inicio del ejercicio. En general, estos atrasos se abonarán en la nómina de julio, aunque pueden producirse retrasos si existen problemas técnicos o falta de documentación, en cuyo caso el pago se hará “en la primera nómina posible”. El concepto aparecerá reflejado en el recibo de sueldo como “Abono atrasos incremento 0,5 por ciento IPCA 2024”.

La medida afecta a un amplio abanico de empleados públicos, incluyendo personal de la Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, universidades públicas, Seguridad Social, órganos constitucionales, empresas públicas, fundaciones del sector público y consorcios mayoritariamente participados por la administración, entre otros. También alcanza al Banco de España y al FROB, así como a las pensiones especiales y condecoraciones recogidas en la legislación vigente.

En cuanto al cálculo, el aumento del 0,5% se aplicará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023, afectando a todos los conceptos salariales incrementables. Quedan fuera los beneficios sociales no salariales como ayudas sanitarias, formación, guardería o planes de pensiones, así como los complementos de productividad.

La gestión del cobro de los atrasos dependerá de la situación laboral del empleado. El personal funcionario o estatutario que no haya cambiado de destino no tendrá que hacer ningún trámite: la administración correspondiente realizará el abono de oficio. En cambio, quienes hayan cambiado de puesto, cesado, se hayan jubilado, o sean herederos de un trabajador fallecido desde enero de 2024, deberán presentar una solicitud formal al organismo que gestionó sus nóminas durante el periodo afectado.

El personal laboral tendrá que atender a lo que indique su convenio colectivo. Si el convenio establece cómo aplicar el incremento, se actuará conforme a ese procedimiento. En los casos en los que no exista regulación específica, será necesario contar con el informe previo de masa salarial emitido por el Ministerio de Hacienda, requisito indispensable para iniciar la negociación colectiva. Esta negociación también debe contar con informes de impacto presupuestario y planificación por parte de las secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública, respectivamente.

No obstante, se podrá evitar esta burocracia si el incremento se aplica de forma homogénea a todos los trabajadores y conceptos salariales, salvo los no incrementables, o si se sigue la misma fórmula que la utilizada para aplicar la subida general del 2% prevista para 2024, siempre que esta hubiera contado ya con las autorizaciones pertinentes.

Por último, el Ministerio de Hacienda ha publicado un modelo de solicitud que los trabajadores pueden utilizar para reclamar los atrasos cuando sea necesario. Se recomienda que la tramitación se haga de manera telemática para agilizar el proceso.

Esta subida salarial se enmarca en el compromiso del Ejecutivo y los sindicatos por preservar el poder adquisitivo del personal al servicio del sector público ante un contexto de elevada inflación, y da continuidad a un calendario plurianual de mejoras pactadas que culmina en este ejercicio 2024.