El Gobierno propone un nuevo sistema de acceso a la función pública para los grupos A1 y A2
El Ejecutivo ha presentado una propuesta que modificaría significativamente el actual modelo de acceso a la función pública para los grupos A1 y A2. Según ha anunciado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, los aspirantes a estos cuerpos deberán cursar una formación posobligatoria de dos años antes de optar a una plaza mediante un examen final. Este cambio forma parte del plan denominado Consenso para una Administración Abierta, presentado recientemente por el ministro Óscar López y la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli.
El objetivo de esta iniciativa es adaptar el sistema de selección a las nuevas necesidades profesionales de la Administración y responder a los retos de la digitalización y la transformación del sector público. Con este nuevo enfoque, se pretende atraer perfiles más diversos y actualizados, y garantizar al mismo tiempo una mayor equidad en el proceso de acceso.
La propuesta contempla una ampliación del número de plazas convocadas inicialmente. Aquellos aspirantes que superen una primera prueba de ingreso serán admitidos en un programa de formación de dos años, impartido en institutos y escuelas especializadas. Esta etapa concluirá con un examen, que determinará el acceso definitivo a la plaza correspondiente en los grupos A1 y A2.
En caso de no superar el examen final, los participantes no podrán acceder a la función pública, pero sí obtendrán una certificación oficial por los estudios realizados. Esta acreditación tendrá reconocimiento académico y podrá facilitar la inserción en otros ámbitos laborales.
Este nuevo modelo no afectará a todos los grupos de oposición. Para los cuerpos pertenecientes a los grupos C1 y C2, la formación se seguirá ofreciendo una vez obtenida la plaza y dentro del desempeño del puesto. Para el resto de categorías, el sistema actual de oposiciones se mantendrá sin cambios.
Desde el Ministerio subrayan que el nuevo sistema busca asegurar una igualdad de oportunidades “real” entre los aspirantes, superando las limitaciones del modelo tradicional centrado en la tasa de ganancia. Según Mapelli, este indicador ha dejado de ser un problema en términos cuantitativos, ya que actualmente se cubren las necesidades de personal sin dificultad. Sin embargo, desde una perspectiva cualitativa, se considera necesaria una revisión de los mecanismos de acceso para incorporar perfiles más adecuados.
Este planteamiento se enmarca en una estrategia más amplia de modernización del empleo público, en la que se pretende dar cabida a profesionales con competencias digitales, capacidad de adaptación y formación especializada. El Ejecutivo entiende que la transformación del Estado no puede limitarse a la incorporación de nuevas tecnologías, sino que debe ir acompañada de un rediseño profundo de los procesos de selección y de formación del personal.
Aunque aún se trata de una propuesta en fase inicial, la intención del Gobierno es avanzar hacia un modelo más flexible, dinámico y adaptado a las demandas actuales del servicio público.
