El SMI sube un 66% y cada trabajador del campo aragonés cuesta ya casi 2.000 euros al mes
El salario mínimo interprofesional ha subido un 66% desde 2018. Una decisión tomada, según denuncia ASAJA, sin tener en cuenta la realidad del campo. Porque mientras el SMI ha pasado de 735 a 1.221 euros, los precios que reciben agricultores y ganaderos en origen "siguen siendo los mismos".
Y en Aragón, donde el sector agrario es uno de los pilares de la economía provincial, esa brecha se está convirtiendo en una amenaza directa para la viabilidad de miles de explotaciones.
El impacto real va mucho más allá de la cifra del salario mínimo. Cada trabajador supone hoy para una empresa agraria un coste aproximado de 1.989 euros al mes en nómina, una vez sumadas las cotizaciones sociales y los costes asociados.
Para una explotación cerealista de las Cinco Villas, una finca de frutales del Bajo Aragón o una explotación ganadera del Pirineo, contratar mano de obra se ha convertido en una ecuación que cada vez cuadra menos. Los márgenes son mínimos. Los precios en origen, bajos. Y los costes laborales, imparables.
Frutas, hortalizas y cereal
El cereal, en el ojo del huracán. Es uno de los sectores más expuestos. Con precios bajos y costes crecientes, muchas explotaciones aragonesas no pueden hacer frente a la campaña sin asumir pérdidas.
La misma situación se repite en frutas y hortalizas, donde la competencia de terceros países que entran con precios dumping agrava una rentabilidad ya muy deteriorada. En 2025, el sector agrario español perdió casi 20.000 trabajadores, una caída que refleja no solo el impacto del SMI sino la pérdida progresiva de actividad en explotaciones que no encuentran la forma de ser rentables.
La absorción en convenios, otro frente abierto. ASAJA alerta también sobre los efectos de impedir la compensación y absorción del SMI en los convenios colectivos del sector. Si esa medida se consolida, supondría un incremento adicional de costes sobre explotaciones que ya operan al límite. Un golpe más en una cadena de decisiones que, según la organización agraria, se toman desde las ciudades sin pisar el campo.
El argumento de ASAJA es tan sencillo como contundente: si el SMI hubiera subido un 66% y los precios que recibe el agricultor en origen hubieran subido lo mismo, la conversación sería distinta. Pero no ha sido así. Los supermercados siguen apretando.
Las cadenas de distribución siguen imponiendo condiciones. Y el eslabón más débil de la cadena —el agricultor, el ganadero, el jornalero que acaba perdiendo su empleo cuando la explotación no puede pagarlo— sigue siendo el que absorbe todos los golpes.
En Aragón, comunidad con una estructura agraria de pequeñas y medianas explotaciones muy dependientes de mano de obra estacional, el impacto de esta tendencia no es un problema del futuro. Es un problema de ahora.
