El cierre de Oral Studio deja a decenas de pacientes en el limbo: qué pueden hacer los afectados
El cierre de las clínicas Oral Studio en Aragón ha generado incertidumbre entre numerosos pacientes que han visto interrumpidos sus tratamientos odontológicos, muchos de ellos ya abonados total o parcialmente. Ante esta situación, el Gobierno de Aragón, a través de sus departamentos de Consumo y Sanidad, ha activado un dispositivo de información y apoyo en coordinación con el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón.
Ambas instituciones trabajan de forma conjunta para canalizar las reclamaciones y orientar a los afectados, que en algunos casos desconocen cómo proceder tras el cierre repentino de los centros. Desde el Ejecutivo autonómico insisten en la importancia de actuar con rapidez y conservar toda la documentación relacionada con los tratamientos.
Entre los pasos recomendados figura recopilar contratos, presupuestos, facturas, justificantes de pago, publicidad y, especialmente, la historia clínica. Este conjunto de documentos puede resultar determinante a la hora de defender los derechos de los pacientes, tanto en vía administrativa como judicial.
Uno de los escenarios más habituales es el de quienes financiaron su tratamiento mediante créditos vinculados al servicio. En estos casos, las autoridades aconsejan presentar primero una reclamación por escrito al propio centro. Si en el plazo de un mes no se obtiene respuesta o esta no es satisfactoria, el siguiente paso es dirigirse a la entidad financiera para solicitar la paralización de los pagos pendientes y la devolución de las cantidades correspondientes a servicios no prestados.
Cuando tampoco hay respuesta adecuada por parte de la entidad, los afectados pueden acudir al Servicio Provincial de Consumo. Asimismo, si el pago se realizó con tarjeta, se recomienda contactar con el banco para estudiar la posible anulación de los cargos. En última instancia, queda abierta la vía judicial.
Distinta es la situación de quienes abonaron el tratamiento en efectivo o mediante un crédito personal no vinculado. En estos casos, se puede valorar la interposición de una reclamación judicial contra la empresa. Además, si existe financiación personal, se aconseja informar a la entidad bancaria para intentar revisar las condiciones del contrato en función de las circunstancias sobrevenidas.
Otro aspecto clave es el acceso a la historia clínica. Tanto el Gobierno autonómico como el Colegio profesional recuerdan que este es un derecho de todos los pacientes. Por ello, recomiendan solicitarla cuanto antes a la empresa en la dirección que figure en el contrato. Este documento es fundamental para acreditar el estado del tratamiento y puede resultar decisivo en futuras reclamaciones.
Si transcurre un mes sin que la empresa facilite esta información, los afectados pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, ya que el acceso a la historia clínica está protegido por la normativa vigente.
Además, no se descarta que la empresa pueda entrar en un proceso de concurso de acreedores. En ese caso, las autoridades informarán a través de canales oficiales sobre los pasos a seguir para reclamar los importes abonados por servicios no prestados.
