Azcón ya prepara el decreto de convocatoria de elecciones y apuesta por el 8 de febrero
La política aragonesa vive estos días como si la campaña hubiera comenzado, aunque aún no haya calendario oficial. En el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno autonómico, el mensaje que se transmite en privado es claro: Jorge Azcón da por agotada la legislatura y trabaja ya en el decreto que disolverá las Cortes y convocará elecciones anticipadas. La fecha que más opciones tiene sobre la mesa es el domingo 8 de febrero de 2026.
Del último intento de pacto… al adelanto asumido
Hasta hace apenas una semana, el presidente insistía en que su prioridad era aprobar los Presupuestos de 2026. El Ejecutivo defendía que Aragón atraviesa una de sus mejores etapas en inversión, empleo e industria y que un adelanto electoral podía poner en riesgo ese ciclo.
Por eso se forzó una última ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Primero Vox, Aragón-Teruel Existe y PAR, los socios que respaldaron las cuentas de 2024; después el PSOE, con una reunión que se prolongó más de una hora. El resultado, según fuentes del propio Gobierno, fue “la constatación de que el presupuesto es políticamente inviable”.
Vox mantuvo sus exigencias en materia de inmigración, subvenciones a ONG y prioridades de gasto, condiciones que el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, calificó de “inasumibles” e incluso “fuera de la ley”. El PSOE se ofreció a apoyar el techo de gasto, pero el PP interpreta ese movimiento como un intento de evitar las urnas por parte de Pilar Alegría y descarta una alianza estable con los socialistas.
Con las dos vías principales bloqueadas, en el entorno de Azcón reconocen que “no queda margen real” para salvar las cuentas. Y sin Presupuestos, el presidente considera que la legislatura ha perdido su soporte político.
El modelo Extremadura y la apuesta por febrero
La decisión de adelantar las autonómicas se inspira en el precedente más cercano: Extremadura. Allí, la popular María Guardiola optó por romper con Vox, asumir el bloqueo presupuestario y llamar a las urnas. En Aragón, Azcón pretende aplicar una estrategia similar: presentar la falta de cuentas como consecuencia directa de la “irresponsabilidad” de sus antiguos socios y pedir una mayoría más amplia para evitar dependencias futuras.
Sobre la mesa hay tres domingos consecutivos de febrero, aunque en el Pignatelli todos señalan el 8 como la opción preferente. Es la que mejor encaja con los plazos legales: el decreto de disolución debería firmarse un lunes y publicarse al día siguiente en el Boletín Oficial de Aragón. A partir de ahí, la ley fija 54 días hasta la jornada electoral.
El 15 de febrero se mantiene como alternativa técnica, pero su uso dependería de que Azcón quisiera apurar unos días más la negociación con Vox o esperar a algún movimiento de última hora del PSOE, algo que ahora mismo nadie ve probable.
Las encuestas empujan al PP
En la decisión pesa también el contexto demoscópico. Los sondeos conocidos en las últimas semanas dibujan un escenario muy favorable para el PP aragonés: podría pasar de los 28 escaños actuales a una horquilla de 30-31, rozando la mayoría absoluta. Con el apoyo de Aragón Existe —que conservaría sus tres diputados—, Azcón tendría un gobierno mucho más cómodo que el actual.
Vox también crecería, hasta los 11 escaños, pero su peso relativo disminuiría frente a un PP reforzado. El PSOE, por el contrario, caería de 23 a 17-18 diputados, un desgaste que el equipo de Azcón interpreta como prueba de que la candidata socialista y ministra portavoz, Pilar Alegría, “llega débil” a una hipotética cita con las urnas.
En Génova, la dirección nacional del PP comparte ese diagnóstico y ya ha bendecido el adelanto. Para Alberto Núñez Feijóo, una victoria clara en Aragón sería un impulso político en plena confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez.
El relato que prepara el Gobierno aragonés
Mientras se ultiman los detalles jurídicos del decreto, en el Ejecutivo se trabaja en el relato que acompañará al anuncio. La idea fuerza es presentar a Azcón como un presidente que “lo ha intentado todo” para sacar adelante unos Presupuestos y que se ve obligado a recurrir a las urnas por la “rigidez ideológica” de Vox y la “incoherencia” del PSOE.
Bermúdez de Castro resume la posición del Gobierno con una frase que ya se repite en el PP: “No vamos a cruzar líneas rojas legales ni hipotecar Aragón para mantenernos un año más en el poder”. El mensaje pretende blindar a Azcón frente a las acusaciones de cálculo electoral y presentarlo como garante de la estabilidad institucional.
En paralelo, se insiste en que la economía aragonesa “no puede vivir en la interinidad presupuestaria” y que el adelanto es la única forma de contar con unas cuentas nuevas antes de que termine 2026.
La legislatura, en tiempo de descuento
Oficialmente, todavía queda una última reunión con Vox antes de que se tome la decisión definitiva. Extraoficialmente, en todos los partidos se da por hecha la convocatoria inminente. Los grupos afinan ya pre-candidaturas, mensajes y listas; los equipos de comunicación, eslóganes; y los ayuntamientos, agendas.
Todo apunta a que, salvo giro inesperado, Jorge Azcón firmará el decreto de disolución de las Cortes este mismo lunes y Aragón se encaminará a sus primeras elecciones autonómicas anticipadas. El 8 de febrero se perfila como la fecha clave. El resto, a partir de ahí, lo decidirán las urnas.
