Huesca y Zaragoza sumarán 204 viviendas públicas en suelos de antiguas cárceles
Para la gestión de las infraestructuras y terrenos, el Gobierno ha dado luz verde a una transferencia de 260 millones a Sepes
Aragón será uno de los territorios protagonistas del nuevo impulso estatal para ampliar el parque público de vivienda. El Gobierno ha aprobado la cesión de terrenos penitenciarios a Sepes, la entidad pública que asumirá el papel de futura Empresa Estatal de Vivienda, con el objetivo de levantar 204 viviendas protegidas en las ciudades de Huesca y Zaragoza. Esta operación se enmarca en un plan nacional que contempla la construcción de un total de 1.332 viviendas asequibles en varios puntos del país, sobre suelos que anteriormente pertenecían al Ministerio del Interior.
En Huesca, la actuación se desarrollará en la parcela de la antigua prisión provincial, ubicada en la calle Ramón y Cajal, número 65. El proyecto prevé la edificación de 140 viviendas protegidas en un terreno de 2.365 metros cuadrados. Este centro penitenciario, inaugurado en 1955 y construido en los años 40 y 50 con mano de obra de presos, llegó a albergar hasta 231 reclusos y fue uno de los espacios utilizados durante el franquismo para recluir a personas que huían de otros regímenes autoritarios europeos.
En Zaragoza, el solar afectado corresponde a la antigua prisión de Torrero, en la avenida América. En este lugar se proyecta la construcción de 64 viviendas. La prisión, que funcionó desde 1928 hasta la apertura de la cárcel de Zuera, fue un lugar emblemático de la represión franquista: en sus muros fueron ejecutados miles de presos y por sus celdas pasaron dirigentes políticos, sindicalistas y personas perseguidas por su orientación sexual. La demolición del complejo comenzó en 2005, abriendo la puerta a futuras transformaciones urbanísticas.
Según ha explicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, estas actuaciones forman parte de una estrategia más amplia que busca "transformar celdas en hogares" y reforzar el acceso a la vivienda pública y asequible. En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez ha detallado que el Ejecutivo ha autorizado una transferencia de 260 millones de euros a Sepes para gestionar estos terrenos y desarrollar el Plan de Vivienda Asequible.
RESTO DE ESPAÑA
A nivel nacional, la operación abarca terrenos en Madrid, Sevilla, Córdoba, Dénia (Alicante), Segovia y Burgos, además de las dos parcelas aragonesas. En la antigua cárcel de Carabanchel (Madrid), sobre una superficie de 27.000 metros cuadrados, se prevé la construcción de 508 viviendas, lo que convierte este proyecto en el de mayor envergadura del plan. El segundo más relevante, por número de viviendas, se ubicará en Sevilla, en la antigua Cárcel de la Ranilla, donde se levantarán 240 viviendas en un solar de 5.500 metros cuadrados. En Córdoba, la intervención permitirá edificar 174 viviendas sin necesidad de demoliciones previas, lo que agilizará los plazos.
En Dénia (Alicante) se proyectan 145 viviendas, en Segovia 53 y en Briviesca (Burgos) ocho. La ministra ha señalado que los procesos administrativos están en diferentes fases según el caso. En Huesca, Segovia y Burgos, la licitación de las obras se realizará "de forma inmediata", mientras que en otros emplazamientos se están completando actualizaciones de planeamiento y redacciones de proyectos, como ocurre en Carabanchel, donde ya se ha iniciado la tramitación urbanística.
El valor total de los terrenos transferidos asciende a 78 millones de euros. El Gobierno no abonará directamente este importe, sino que establecerá un mecanismo similar al aplicado con la Sareb, permitiendo incorporar los suelos a Sepes sin carga financiera para el Ministerio. Estas cesiones se suman a otras actuaciones en marcha, como la conversión de antiguos terrenos militares (17 cuarteles) y la integración de unas 40.000 viviendas y 2.400 parcelas de la Sareb en la nueva empresa pública.
Rodríguez ha subrayado que este paso supone consolidar un parque público "no solo numeroso, sino también digno y con estándares de calidad". Además, ha insistido en que el proceso de transformación de Sepes permitirá garantizar el acceso a la vivienda "con independencia de la situación personal o económica" de los ciudadanos.
