Un juez anula el telecabina Benasque–Cerler por falta de estudios previos y riesgo de inundación

El Contencioso-Administrativo nº 1 de Huesca tumba la aprobación municipal de 2024 tras estimar 3 de las 12 alegaciones de SOS Ribagorza. La resolución no ordena paralizar las obras y el Ayuntamiento anuncia recurso ante el TSJA.

Varapalo judicial a uno de los proyectos estrella del Pirineo aragonés. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Huesca ha anulado el acuerdo del Pleno de Benasque (2024) que aprobó definitivamente la telecabina Benasque–Cerler, una infraestructura valorada en 17 millones de euros cuyas obras comenzaron en junio con la vista puesta en finales de 2026.

La sentencia, de 24 páginas y recurrible, no ordena la paralización inmediata de los trabajos, que podrán continuar mientras se sustancia el recurso de apelación.

Los tres motivos que tumban la aprobación

El magistrado estima tres de las doce alegaciones formuladas por la asociación SOS Ribagorza y declara nulo el acuerdo municipal por:

  1. Riesgo de inundación en el origen de la línea. El fallo recuerda que la Confederación Hidrográfica del Ebro ya informó “expresamente de forma desfavorable” sobre la modificación urbanística al tratarse de una zona “indubitada y manifiestamente inundable”. También señala que las medidas de reducción de vulnerabilidad frente a inundaciones previstas para el casco histórico no estaban ejecutadas cuando se aprobó el proyecto, por lo que “no puede predecirse” su eficacia. Además, el aparcamiento en superficie contemplado se considera “simple y expresamente prohibido” en ese ámbito.

  2. Ausencia de un estudio de viabilidad económica. El juez concluye que el proyecto carece del preceptivo análisis económico que valore la inversión y pronostique su recuperación o no, máxime cuando la gestión recaería sobre el Ayuntamiento durante una década. Subraya que es “imperativo” contar con ese informe antes de adjudicar la obra.

  3. Insuficiencia de estudios geotécnicos. El trazado prevé hasta ocho pilonas y, pese a ser “un elemento meridianamente esencial”, el proyecto se aprobó sin conocimiento directo de las características geológicas y de resistencia de los emplazamientos.

Sobre el impacto paisajístico, el magistrado evita pronunciarse en detalle y se limita a constatar la “obviedad” de que toda obra humana altera el paisaje.

Reacciones: recurso del Ayuntamiento y satisfacción de SOS Ribagorza

El alcalde de Benasque, Manuel Mora, adelantó que el consistorio recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). “Hemos sido muy escrupulosos y se han hecho las cosas bien. La obra no se paralizó cuando SOS Ribagorza presentó el recurso y, según nuestros asesores, puede seguir a expensas de lo que diga el TSJA”, afirmó.

Desde SOS Ribagorza, su portavoz Ricard Sánchez celebró el pronunciamiento: “Nos dan la razón en la inundabilidad del origen de la telecabina y en la falta de estudios geológico y económico. Veremos qué ocurre con el recurso, pero es un gran paso”, declaró.

Qué dice (y qué no) la sentencia sobre las obras

La decisión anula la aprobación definitiva del proyecto, pero no acuerda la suspensión de las obras. En la práctica, se abre un escenario de incertidumbre: los trabajos pueden proseguir mientras el Ayuntamiento prepara el recurso de apelación y el TSJA decide si confirma, modifica o revoca la anulación. En paralelo, el consistorio tendría que subsanar los déficits señalados por el juez —viabilidad económica, geotecnia y ordenación en zona inundable— si quisiera revalidar una nueva aprobación en el futuro.

La telecabina en cifras

El proyecto prevé una longitud de 1.990 metros, desnivel del 20%, capacidad para 2.400 personas/hora, cero emisiones directas y tecnología de última generación.

El Ayuntamiento ha defendido la infraestructura como una palanca para reducir tráfico y conectar el núcleo de Benasque con la estación de Cerler de forma rápida y sostenible. Los críticos han cuestionado su oportunidad, el impacto sobre el bosque de La Mosquera y el valle, y la carga financiera que asumiría el consistorio sin un estudio de retorno.

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