"Aragón tendrá presupuestos anuales hasta 2030 y una rebaja del IRPF cada año de la legislatura"
El Gobierno de Aragón quiere terminar con uno de los problemas más recurrentes de la política autonómica aragonesa: la incapacidad de aprobar presupuestos anuales.
El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, anunció este miércoles en su primera comparecencia en la Comisión de Hacienda del Parlamento aragonés un compromiso "ineludible": presupuestos anuales desde 2027 hasta 2030, uno por cada año que resta de legislatura.
El primero de ellos —el de 2027— tendrá su orden de elaboración aprobada antes del 15 de junio, lo que marcaría el inicio formal del proceso presupuestario.
El calendario: orden antes del 15 de junio
El proceso de elaboración de un presupuesto autonómico arranca con la orden de elaboración, un documento que fija las directrices, los plazos y los criterios que deben seguir todas las consejerías para preparar sus propuestas de gasto.
Bermúdez de Castro se comprometió a que esa orden esté aprobada antes del 15 de junio, lo que permitiría que las distintas áreas del Gobierno de Aragón trabajen durante el verano en sus propuestas para que el proyecto de ley pueda presentarse al Parlamento en otoño con margen suficiente para su tramitación y aprobación antes del 1 de enero de 2027.
El contexto que rodea este anuncio no es menor. El Gobierno de Azcón lleva toda la legislatura operando con presupuestos prorrogados o con un único presupuesto aprobado —el de 2024— lo que ha limitado la capacidad de planificación y de inversión del ejecutivo aragonés.
La oposición socialista lo recordó en el turno de intervenciones: Óscar Galeano, del PSOE, calificó la comparecencia de Bermúdez de Castro como "una vuelta a la casilla de salida" y recordó que el gobierno de Javier Lambán aprobó cuatro presupuestos en cuatro años, incluida la legislatura de la pandemia.
Las rebajas fiscales: IRPF, Sucesiones y beneficios para jóvenes y familias
Junto con el compromiso presupuestario, el consejero detalló la política fiscal que el Gobierno de Aragón prevé implementar durante la legislatura. El elemento central es una rebaja del IRPF del 0,25% anual para los tramos de renta por debajo de 52.500 euros brutos anuales.
Una bajada gradual y acumulativa que a lo largo de cuatro años supondría una reducción total del 1% en el impuesto sobre la renta para la mayoría de los contribuyentes aragoneses.
A eso se suma la ampliación de la bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones para el Grupo 2 —cónyuge, descendientes y ascendientes—, que prácticamente eliminaría el impuesto en las herencias entre padres e hijos en Aragón.
El paquete fiscal incluye además beneficios específicos en el IRPF, en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y en Actos Jurídicos Documentados para varios colectivos: familias numerosas, jóvenes, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género, con especial atención a la adquisición de la primera vivienda y a las operaciones en el ámbito rural.
La oposición de izquierdas cuestionó el impacto de estas medidas sobre los ingresos públicos. Marta Abengochea, de IU, estimó que las rebajas fiscales supondrán una merma de ingresos de unos 200 millones de euros y advirtió de que eso podría derivar en recortes en servicios públicos para garantizar el equilibrio presupuestario.
Verónica Villagrasa, de CHA, apuntó en la misma dirección señalando que la sanidad y la educación ya están infradotadas en más de 300 millones.
Financiación autonómica: "No queremos ser más, pero tampoco menos"
Bermúdez de Castro dedicó también parte de su intervención a la financiación autonómica, uno de los debates estructurales de la política española que afecta directamente a los ingresos de Aragón.
El consejero defendió que el sistema debe cumplir con lo que establecen la Constitución y el Estatuto de Autonomía y reivindicó las singularidades aragonesas —despoblación, orografía, envejecimiento— como factores que encarecen el coste de los servicios públicos y que deben ser tenidos en cuenta en cualquier reforma del sistema.
"No queremos ser más que ninguno, pero tampoco menos", resumió el consejero en una frase que sintetiza la posición de Aragón en el debate sobre la financiación: no reclama un trato de favor sino una equiparación real con otras comunidades que reciben más recursos por habitante.
Dos nuevas normas en el horizonte
Bermúdez de Castro anunció además dos desarrollos normativos para esta legislatura. El primero es una ley de tasas y precios públicos, que actualizará y ordenará el marco legal de los ingresos no tributarios de la administración aragonesa. El segundo es un reglamento de desarrollo de los impuestos medioambientales, que concretará la aplicación práctica de los tributos verdes que ya están vigentes en Aragón.
Si el Gobierno de Aragón cumple el calendario anunciado este miércoles, 2027 será el primer año desde 2024 en que la comunidad tenga un presupuesto propio aprobado en tiempo y forma. La oposición lo pondrá a prueba. Y el 15 de junio será la primera fecha en el que comprobar si el compromiso se sostiene.
