La empresa de Santos Cerdán cobró 100.000 euros por la demolición de la Universidad Laboral proyectada por la DGA de Lambán
La investigación del caso Koldo sigue abriendo nuevas ramificaciones y poniendo el foco sobre operaciones en distintos territorios. Una de ellas apunta a Aragón y afecta directamente al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye el cobro de al menos 6,7 millones de euros en presuntas comisiones vinculadas a trabajos intermediados con Acciona a través de la mercantil Servinabar 2000 SL.
Dentro de esa línea de investigación, el diario El Confidencial ha revelado una operación adicional vinculada a la demolición de la antigua Universidad Laboral de Zaragoza, una actuación aprobada durante el último Gobierno de Javier Lambán y adjudicada dentro del proceso de transformación del complejo en una plataforma industrial.
Una operación en Aragón que entra en el radar de los investigadores
Según la información publicada, en marzo de 2023 —cuando Santos Cerdán ya era el número tres del PSOE tras sustituir a José Luis Ábalos—, el Gobierno de Aragón sacó a subasta 38 hectáreas de suelo de la Universidad Laboral para convertir el histórico complejo en un gran polo logístico.
La constructora Montepino ganó la adjudicación y, a su vez, encargó las labores de derribo a Acciona. Esta subcontrató la demolición con la empresa navarra Erri Berri SL, especializada en este tipo de actuaciones. Las cuentas remitidas por la Hacienda Foral de Navarra muestran que la empresa de Cerdán, Servinabar 2000 SL, recibió dos pagos procedentes de Erri Berri SL: 50.215 euros en el último trimestre de 2023 y 49.277 euros en los primeros meses de 2024.
En total, 99.492 euros atribuidos a “gestiones comerciales y desarrollo técnico”, según las facturas. El Confidencial sostiene que estos pagos serían una comisión derivada de facilitar que Acciona contratara a la empresa de demoliciones para el derribo de los edificios del complejo universitario.
Sin embargo, fuentes jurídicas y empresariales consultadas por HOY ARAGÓN introducen matices relevantes que rebajan la contundencia de la versión inicial.
En primer lugar, los pagos no están vinculados en este momento a ninguna imputación formal ni existe resolución judicial que determine su ilicitud. La UCO investiga la relación entre Acciona y Servinabar 2000 SL, pero no ha concluido la naturaleza de estas operaciones en Aragón.
Por otra parte, desde Erri Berri SL se sostiene que los pagos fueron legales y documentados, derivados de una intermediación comercial habitual en el sector de la demolición. Según su versión, nunca se tuvo una relación directa con Santos Cerdán; pero sí con uno de sus socios en Servinabar 2000 SL.
En resumidas cuentas, Erri Berri pagó cerca de 100.000 euros a Servinabar (IVA incluido) por servicios y gestiones comerciales dentro del proyecto de demolición de la antigua Universidad Laboral de Zaragoza, donde Erri Berri actuó como subcontratista.
Según detallan, "fue una relación privada entre ambas empresas privadas". Es más, según indican, "los trabajos contratados a Erri Berri no eran objeto de ninguna licitación pública. El trabajo se desarrolló con total transparencia y en estricta conformidad con la legalidad aplicable"
Una pieza más en un rompecabezas todavía incompleto
Los pagos procedentes de Erri Berri SL no son los únicos detectados por los investigadores. La documentación de Servinabar 2000 SL acredita transferencias de otras empresas vinculadas a sectores tan dispares como la construcción, la industria agroalimentaria o el sector armamentístico, compañías que en algunos casos recibieron contratos o ayudas en administraciones gobernadas por el PSOE.
Por ello, la UCO continúa analizando la red de intermediación que rodea a la empresa de Cerdán, aunque por el momento no se ha calculado el importe total de las comisiones que habría percibido ni su posible relación con decisiones públicas.
