La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza y estrecha el cerco de empresas vinculadas a Servinabar
La investigación que dirige la Audiencia Nacional en torno a la ex alto cargo socialista Leire Díez ha dado este miércoles un nuevo salto con la detención del constructor Antxon Alonso, empresario navarro y socio del número tres del PSOE, Santos Cerdán.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le ha arrestado en el marco de unas diligencias que tratan de esclarecer presuntas irregularidades en contrataciones públicas durante la etapa en la que Díez ocupó un puesto de máxima confianza en el Gobierno central, nombrada por Pedro Sánchez al inicio de la legislatura.
Alonso se suma así a la propia Leire Díez y al presidente de la SEPI, Vicente Fernández, ya detenidos e investigados en la misma causa. Los tres coincidieron en distintos cargos de responsabilidad institucional y empresarial, y los investigadores tratan de determinar si desde esas posiciones se habría articulado una trama para influir en adjudicaciones públicas a través de empresas concretas.
Paralelamente a las nuevas detenciones, los agentes de la UCO desarrollan desde primera hora de la mañana varios registros en sedes corporativas vinculadas al grupo Servinabar. Uno de los puntos clave del operativo se sitúa en Zaragoza, donde se inspeccionan oficinas de la compañía energética Forestalia. También se han desplegado efectivos en dependencias empresariales de Madrid y Sevilla, en busca de documentación y soportes informáticos que permitan reconstruir el circuito de contratos y relaciones comerciales bajo sospecha.
Fuentes de la propia Unidad Central Operativa subrayan que esta fase del operativo se centra, sobre todo, en el análisis de documentación, contratos y movimientos económicos y que, más allá de las detenciones ya practicadas, no se esperan nuevos arrestos inmediatos.
La previsión es que, una vez finalizados los registros, todo el material incautado sea puesto a disposición del juez de la Audiencia Nacional que dirige la causa, que deberá decidir sobre posibles imputaciones adicionales y sobre la situación personal de los investigados.
Por el momento, el caso se mantiene bajo un fuerte hermetismo judicial, aunque la concatenación de detenciones y registros sitúa la investigación en uno de sus momentos más delicados. La presunta manipulación de concursos y contratos desde estructuras públicas y parapúblicas coloca bajo el foco tanto a antiguos responsables políticos como a empresarios que, según los indicios recabados, podrían haberse beneficiado de ese circuito privilegiado de adjudicaciones.
